El Poder Ejecutivo de Tucumán formalizó la convocatoria a las elecciones provinciales para el domingo 9 de mayo de 2027 mediante el Decreto 1.688/14 (MGyJ), rubricado por el gobernador Osvaldo Jaldo. Con esta medida, la provincia define su cronograma para la renovación de cargos de gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales, cuyos mandatos actuales concluyen el 30 de octubre de ese mismo año.
Los argumentos del Ejecutivo provincial
Durante la presentación del decreto, realizada en Casa de Gobierno junto al vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta capitalina Rossana Chahla, el mandatario provincial rechazó las interpretaciones que señalan la medida como un adelantamiento de las urnas. Jaldo argumentó que la fecha responde a la tradición electoral reciente de la provincia, tomando como antecedente los procesos de 2019 y 2023, que se desarrollaron entre los meses de mayo y junio tras fallos judiciales sobre la aplicabilidad de los artículos constitucionales vinculados a los plazos institucionales.
Entre las novedades del llamado, el decreto ratifica la aplicación de la normativa de Ficha Limpia, exigiendo certificado de antecedentes penales e inhabilitando a candidatos con procesos o condenas pendientes ante la justicia. Asimismo, las autoridades provinciales destacaron la reducción de la oferta partidaria —de 400 a cerca de 70 espacios provinciales tras la eliminación de los partidos municipales— y remarcaron que el marco otorga previsibilidad a los espacios políticos para regularizar sus situaciones internas.
El contexto nacional y el desdoblamiento
La decisión tucumana forma parte de un escenario más amplio a nivel nacional, donde la mayoría de los distritos evalúan o ya preparan la separación de sus calendarios electorales respecto del cronograma federal. Jurisdicciones como Mendoza, Neuquén, Santa Fe y Jujuy impulsan la realización de comicios locales diferenciados.
Entre los factores citados para este fenómeno convergen dos motivos principales:
- Políticos: La intención de las gestiones provinciales de discutir las agendas locales sin la ingerencia o la polarización de la campaña presidencial.
- Técnicos: Las dificultades operativas que implicaría la convivencia en un mismo día del sistema de Boleta Única de Papel (BUP) —adoptado para cargos nacionales— con las legislaciones e instrumentos de votación provinciales.
Las críticas de la oposición
El anuncio generó inmediatas reacciones en el arco político opositor de la provincia. La diputada nacional por La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, cuestionó la celeridad de la oficialización de la fecha y sostuvo que la medida responde a intereses partidarios antes que a consideraciones institucionales.
La legisladora señaló que la modificación o fijación del calendario de votación requiere de una justificación explícita hacia la ciudadanía sobre los beneficios concretos que implica para los electores, argumentando que dicha explicación no fue brindada por el Ejecutivo. A su vez, contrapuso la postura provincial con la intención del Gobierno nacional de impulsar elecciones concurrentes para unificar los procesos.
Próximos pasos del cronograma
Tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial, la Junta Electoral Provincial (JEP) deberá confeccionar el cronograma electoral definitivo. Conforme a las leyes vigentes (Ley de Partidos Políticos 5.454 y Ley de Régimen Electoral 7.876), las agrupaciones políticas tendrán hasta noviembre de 2026 para obtener su reconocimiento jurídico. En el primer trimestre de 2027 se llevarán a cabo las alianzas e internas, mientras que en abril vencerán los plazos para el registro de candidaturas y la formalización de acoples.
