«Ahorramos en negro»: Manuel Adorni justificó su patrimonio informal en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, confirmó la presentación de sus declaraciones juradas anuales y rectificativas ante la Oficina Anticorrupción (OA). La medida coincide con la investigación judicial que se lleva adelante en los tribunales federales por el presunto incremento injustificado de su patrimonio.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, reconocieron haber mantenido ahorros fuera del sistema financiero formal antes de ingresar a la función pública. Adorni argumentó que dicha práctica respondió a una conducta habitual de resguardo frente al contexto económico de años anteriores y detalló que parte de su capital inicial provino de una herencia familiar en 2002 y de inversiones tempranas en criptomonedas.

Adhesión fiscal y el impacto en la causa judicial

Paralelamente, registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizaron la solicitud de Adorni y su cónyuge para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias, contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal aprobada por el Congreso en diciembre pasado. Este sistema permite declarar y abonar tributos de manera simplificada a personas humanas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonios inferiores a $10.000 millones.

La presentación de estos documentos busca esclarecer la adquisición y refacción de dos propiedades —una vivienda en un barrio privado de la localidad de Indio Cuá y un departamento en el barrio porteño de Caballito— que están bajo la lupa de la Justicia.

A nivel judicial, el fiscal federal Gerardo Pollicita —quien tiene delegada la causa por el juez Ariel Lijo— evalúa los alcances de la presentación ante ARCA y la reglamentación de la normativa para determinar si se cumplen los requisitos técnicos que pudiesen modificar la situación penal del funcionario. Desde sectores técnicos de la oposición señalaron que, al no tratarse de una ley de blanqueo de capitales tradicional, la normativa no interfiere de manera automática con las investigaciones penales en curso.

Debate legislativo y otros funcionarios inscriptos

La inclusión de miembros del Poder Ejecutivo en este régimen generó el rechazo de diversos arcos políticos. El diputado nacional Esteban Paulón impulsó un proyecto de ley para modificar el artículo 38 de la Ley 27.799, con el objetivo de excluir explícitamente a funcionarios de alta jerarquía (como el presidente, ministros, legisladores y jueces) así como a sus familiares directos de los beneficios de este sistema. Exfuncionarios de organismos de control, como la Unidad de Información Financiera (UIF), señalaron que la prioridad debe centrarse en auditar el origen de los fondos declarados tras el ingreso de los involucrados a la gestión pública.

Además de Adorni, los registros públicos de ARCA exponen que otros funcionarios de primera línea optaron por este régimen:

• Federico Sturzenegger (Ministro de Desregulación y Transformación del Estado)
• Santiago Viola (Secretario de Justicia)
• Andrés Vázquez (Titular de ARCA), quien también enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Por su parte, no constan registros de adhesión a este sistema por parte del presidente Javier Milei ni de la vicepresidenta Victoria Villarruel, mientras que otras ministras del gabinete permanecen inscriptas dentro del régimen de Monotributo.

Contexto en la opinión pública

El escenario político del jefe de Gabinete se complementa con un retroceso en los índices de aceptación ciudadana. De acuerdo con la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, Adorni registra un diferencial de imagen neto negativo del -58%, con un rechazo que alcanza el 72%.

A nivel general, consultoras de opinión pública como D´Alessio IROL y Berensztein ubican a la corrupción dentro de la administración pública como la tercera preocupación principal de la ciudadanía (58%), precedida únicamente por la inseguridad (65%) y la incertidumbre económica (64%).