El gobernador Osvaldo Jaldo sentó una postura firme respecto a la denuncia penal contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, por la presunta compra irregular de terrenos en un country de Yerba Buena. Lejos de corporativismos, el mandatario provincial dejó el terreno alineado para que la Justicia actúe sin condicionamientos políticos. Las definiciones clave del mandatario: Obligación de responder: Jaldo fue directo al señalar que la intendenta tiene la responsabilidad de presentarse ante el fiscal o juez de la causa para aclarar cualquier interrogante sobre su patrimonio. Transparencia económica: Remarcó que el foco del conflicto está en que la funcionaria demuestre con pruebas de dónde obtuvo los recursos para adquirir los inmuebles. Acatamiento judicial: Subrayó que en un sistema democrático los fallos de la Justicia se respetan de igual manera, tanto si benefician como si perjudican a los funcionarios públicos. Navegación de entradas El Consejo Superior de la UNT suspendió la Asamblea Universitaria y postergó la elección de autoridades Tucumán reclamó en Diputados la reactivación de obras públicas nacionales paralizadas
