Un violento episodio con armas de fuego interrumpió la calma de Barrio Sur el pasado jueves por la tarde, dejando como saldo la muerte de un exmilitar y un joven cuidacoches herido de bala. El ataque se produjo en la calle General Paz al 500, una zona de alta circulación en el macrocentro de San Miguel de Tucumán. Actualmente, la Unidad Especializada de Homicidios II del Ministerio Fiscal se encuentra al frente de las investigaciones para determinar las causas y la mecánica del hecho.
El encuadre del Ejecutivo ante el acontecimiento
El impacto del caso en pleno centro de la capital motivó el pronunciamiento inmediato del gobernador Osvaldo Jaldo, quien en rueda de prensa fijó la posición del Ejecutivo provincial. El mandatario encuadró el crimen dentro de una categoría de excepcionalidad, argumentando la dificultad de anticipar este tipo de conductas mediante los operativos de prevención tradicionales.
“Son hechos aislados. Ante esa situación podemos, en algunos momentos, prevenirlo, pero también son hechos que suceden de esa manera y de esas características, y por más empeño y dedicación que tengamos, es difícil prevenir un hecho de esas características”, manifestó Jaldo.
Defensa del despliegue en las «cuatro avenidas»
Al ser consultado sobre la seguridad en el cuadrante céntrico, el gobernador ratificó la vigencia y continuidad del plan de saturación policial implementado por la provincia. Según explicó, la zona cuenta con un fuerte dispositivo de la Policía de Tucumán (PTP), donde se asigna un efectivo por esquina.
Respecto a la capacidad operativa de los agentes recientemente incorporados, Jaldo precisó:
- Conectividad permanente: Destacó que el recurso principal de estos efectivos es la radio, la cual mantiene un enlace directo y constante con el Sistema de Emergencias 911.
- Fuerza de apoyo: Cada puesto en la vía pública cuenta con el respaldo de las unidades motorizadas y de la regional correspondiente.
El mandatario asumió los márgenes de previsibilidad que maneja el Estado en estas situaciones, señalando que «la seguridad está», pero advirtió que «lo que no podemos evitar e impedir es el 100 por ciento de los hechos, y menos hechos de estas características».
El debate sobre la Salud Mental en la agenda pública
Finalmente, el trasfondo del suceso llevó al debate la necesidad de contener problemáticas sociales complejas. En este sentido, Jaldo vinculó este tipo de brotes de violencia con factores que exceden lo estrictamente policial, instando a reforzar la paz social y los vínculos familiares.
Bajo ese marco, el gobernador informó sobre los avances en la reglamentación de la Ley Provincial N.º 9923 de Salud Mental (sancionada en 2025). Detalló que la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Educación y una comisión del Poder Legislativo trabajan articuladamente para acelerar su puesta en funcionamiento, concluyendo que la coyuntura actual exige profundizar las políticas públicas en la materia.
