El ambiente en el estadio de Deportivo Aguilares presagiaba un desenlace complejo mucho antes del pitazo inicial. La elección del escenario para disputar la final del torneo tucumano entre Concepción Fútbol Club y Deportivo Graneros ya generaba dudas: una infraestructura que no reunía las condiciones mínimas para albergar a semejante marco de público, sumada al clima de tensión previa producto de antecedentes recientes, conformaban un escenario proclive al conflicto.
Durante el primer tiempo, el juego transcurrió dentro de los márgenes normales, pero el ambiente tenso persistía en las tribunas y en los accesos. La vulnerabilidad logística quedó al descubierto durante el entretiempo. La disposición arquitectónica del estadio obliga a los planteles a recorrer unos 40 metros a campo abierto para acceder a los vestuarios, compartiendo el trayecto. En ese trayecto se produjeron empujones e incidentes entre ambos planteles que culminaron, según denuncias de la delegación de Concepción, en la agresión con gas pimienta por parte de personal atribuido a la seguridad privada de Graneros. Ante la falta de garantías sanitarias y de seguridad, la gente de Concepción se negó a disputar el complemento, lo que llevó al arbitraje a suspender formalmente el encuentro.
La falta de información oportuna hacia las tribunas agravó la situación. Transcurridos más de media hora de incertidumbre, los enfrentamientos entre ambas parcialidades no tardaron en desatarse: primero con el lanzamiento cruzado de pirotecnia en sectores donde se encontraban familias, mujeres y niños, y posteriormente con el arrojo de objetos contundentes. La intervención policial para dispersar a los revoltosos mediante disparos de balas de goma trasladó los disturbios a las afueras del estadio, provocando severos daños materiales en viviendas y vehículos de los vecinos del sector.
Este episodio trasciende la simple falla organizativa de un torneo deportivo. Expresa una problemática estructural donde confluyen la falta de previsión logística, esquemas de seguridad deficientes y una marcada incapacidad social para gestionar la rivalidad deportiva sin recurrir a la violencia. Mientras el dictamen deportivo apunta a una reprogramación a puertas cerradas y en neutralidad, el saldo del evento deja en evidencia un deterioro de la convivencia que excede lo estrictamente arbitral o institucional.
