El Gobierno de Tucumán implementará una recomposición salarial para los empleados de la administración pública basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La medida se aplicará mediante una planilla adicional una vez que concluya el cronograma de pagos correspondiente al mes de junio, según confirmó el gobernador Osvaldo Jaldo.
Este incremento modifica transitoriamente el esquema acordado originalmente en las paritarias con los gremios del sector, el cual supeditaba los aumentos a los niveles de recaudación fiscal de la provincia. El Ministerio de Economía local definirá en los próximos días el porcentaje exacto del reajuste, que alcanzará a aproximadamente 120.000 agentes públicos pertenecientes a las órbitas provincial, municipal y de comunas rurales.
El anuncio coincide con el desembolso de $370.000 millones por parte del Estado tucumano en concepto de haberes mensuales y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo). El financiamiento de esta erogación se sostiene en parte por los anticipos de coparticipación otorgados por el Gobierno nacional, en el marco de los programas de asistencia financiera vigentes para las provincias.
Contexto socioeconómico
La medida se inscribe en un escenario de alta inflación persistente que debilita de forma continua la capacidad de compra de los asalariados. Para los Estados provinciales, este contexto presenta un doble desafío: por un lado, la caída de la recaudación impositiva local producto de la menor actividad económica; por el otro, la presión social para actualizar los haberes de una masa laboral pública considerable (120.000 trabajadores en el caso de Tucumán).
Al activar la cláusula de actualización por IPC y postergar el límite de la recaudación real, el Ejecutivo tucumano prioriza el sostenimiento del consumo y el alivio financiero de sus empleados directos, recurriendo a la asistencia financiera directa del Gobierno nacional (anticipos de coparticipación) para cubrir el déficit de recursos propios.
