La tensión entre las provincias y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo crítico. Esta vez, el foco del conflicto es el desabastecimiento de gas natural, una problemática que golpea de lleno al entramado productivo de Tucumán. La administración provincial formalizó su reclamo ante la Secretaría de Energía de la Nación, denunciando que la región vuelve a ser la principal perjudicada por medidas que consideran centralistas y asimétricas.
El impacto en las empresas y la economía regional
Más allá de los cruces políticos, la realidad puertas adentro de las fábricas tucumanas es alarmante. El impacto de esta crisis se divide en dos frentes críticos:
- Asfixia de costos (La brecha del 900%): Para evitar el freno total de sus máquinas, muchas industrias se ven obligadas a volcarse al mercado de gas importado. Mientras que en otras regiones del país el insumo se paga a valores cercanos a los 3 dólares por millón de BTU, en el Norte argentino el costo se dispara hasta los 27 dólares. Esta diferencia destruye la competitividad de las economías regionales.
- La amenaza de la «Rampa 0»: Actualmente, las industrias tucumanas operan con una restricción del 70% en el suministro que provee Naturgy. Sin embargo, el panorama técnico es aún peor: se inició el proceso de «Rampa 0». Esto significa que, si bien el corte no es instantáneo, abre una ventana de apenas un par de días para que las plantas apaguen de forma controlada sus equipos y eviten daños materiales irreparables, quedando al borde de la parálisis total.
El factor climático bajo la lupa: Desde el sector productivo y el Ministerio de Economía local recalcan que la medida es injustificada, ya que actualmente no se registran temperaturas extremas que expliquen o fundamenten una situación de emergencia energética de tal magnitud.
Producción y empleo en jaque
Tucumán se encuentra en plena actividad de sus principales industrias (como la azucarera y la citrícola), sectores clave que dinamizan el empleo y generan divisas. Cortar el flujo de gas o forzar a las empresas a producir con un insumo indexado a precios internacionales no solo compromete los planes de producción a corto plazo, sino que pone en riesgo directo los puestos de trabajo locales y encarece los productos finales que llegan al consumidor.
