El origen del conflicto y la llegada a la Justicia
La controversia escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de Tucumán tras la presentación de un amparo colectivo encabezado por el legislador Manuel Courel. El recurso busca frenar la desafectación del dominio público de una traza vial de 6.522 metros cuadrados (650 metros de extensión) en El Manantial, aprobada mediante las leyes 9.992 y 9.994.
- La postura del oficialismo: Fundamenta la medida en la necesidad de otorgar escrituración y regularización dominial a unas 80 familias asentadas en terrenos que no cumplían una función efectiva de tránsito.
- El planteo judicial de la oposición: Alerta sobre la pérdida irrecoverable de un corredor estratégico de conectividad entre Yerba Buena, El Manantial y San Pablo, solicitando una medida cautelar urgente para paralizar cualquier subdivisión o urbanización del predio.
Las claves del debate: planificación y política
Carencia de planificación urbana integral
La judicialización de este trazado expone la habitual postergación del ordenamiento territorial frente a las decisiones coyunturales. La desafectación de reservas viales sin estudios previos de impacto de movilidad o demanda futura compromete seriamente el desarrollo de las zonas de mayor expansión del Gran Tucumán.
El peligro de las excepciones y el paralelismo punteril
La recurrencia a leyes de excepción para convalidar situaciones consolidadas en el terreno plantea interrogantes profundos sobre la gobernanza del espacio público:
- Legalización ex post vs. institucionalidad: El uso sistemático de dispensas especiales bordea la lógica con la que suelen actuar punteros o intermediarios políticos, legitimando la ocupación de hecho a través de decisiones normativas posteriores.
- Tensión con la usurpación: Esta dinámica desdibuja el límite entre la atención a la emergencia social y la tolerancia a la ocupación irregular de bienes del Estado, pudiendo generar incentivos distorsionados donde la regla cede ante el hecho consumado.
- Transparencia en zonas de alto valor: En sectores donde convergen vulnerabilidad habitacional, desarrollos inmobiliarios privados y empresas locales, la intervención del Estado requiere un marco institucional estricto para evitar sospechas de discrecionalidad.
El pronunciamiento de la Corte Suprema marcará un antecedente determinante: fijará si las urgencias o acuerdos políticos pueden disponer del patrimonio público vial, o si debe primar una visión planificada y garantista del desarrollo urbano.
