El accidente sufrido por un niño de tres años al caer en una boca de tormenta sin tapa en la intersección de avenida Independencia y calle 9 de Julio reabrió un debate urgente sobre el estado de la infraestructura urbana en San Miguel de Tucumán. La gravedad del hecho puso en evidencia un riesgo latente al que se exponen diariamente peatones, motociclistas y automovilistas en distintos puntos de la ciudad.
A raíz de este suceso, el escenario político local reaccionó dividiéndose en posturas encontradas respecto a las causas y responsabilidades de la problemática:
- La postura de la SAT: Marcelo Caponio, titular de la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT), atribuyó la falta de protección al robo constante de infraestructura. Detalló que en los últimos dos años se repusieron 400 tapas de hierro fundido —un material cotizado en el mercado ilegal— y señaló que por cada unidad reemplazada se sustraen tres, con un costo unitario estimado en $200.000 más impuestos. Como contingencia, anunció tareas de señalización, la habilitación de una línea de denuncias y la reposición de los elementos dañados.
- El cuestionamiento opositor: Los concejales José María Canelada, Gustavo Cobos y Leandro Argañaraz (UCR) argumentaron que los robos no justifican la falta de respuesta estatal. Señalaron que el problema trasciende la sustracción de piezas e incluye pérdidas de agua, efluentes cloacales y estructuras colapsadas durante meses. Argañaraz, por su parte, impulsará un pedido de informes al Municipio para precisar el tiempo que el desagüe permaneció destapado, relevar los reclamos previos registrados en plataformas vecinales y exigir una mayor coordinación operativa entre la Intendencia y la SAT.
Un análisis necesario: la urgencia de gestionar por encima del cruce político
El incidente pone sobre la mesa una realidad compleja. Es innegable la existencia de una problemática delictiva vinculada al robo y comercialización de materiales metálicos de la vía pública, un fenómeno que golpea las finanzas de las empresas de servicios públicos y atenta contra el patrimonio común.
Sin embargo, atribuir la totalidad de la crisis a la acción delictiva resulta insuficiente cuando la respuesta ante el peligro carece de la celeridad necesaria. Aunque una tapa sea sustraída por terceros, el deber primordial del Estado en sus distintas esferas —provincial y municipal— abarca la detección temprana, la señalización inmediata para neutralizar el riesgo y la posterior reparación.
Frente a hechos de esta sensibilidad, la discusión pública no debe derivar en un intercambio de chicanas ni en la búsqueda de rédito político partidario. La gravedad de un accidente que involucró la integridad física de un menor exige dejar de lado la confrontación agresiva y asumir un compromiso institucional articulado. La ciudadanía no requiere acusaciones cruzadas respecto a las competencias de cada organismo, sino una coordinación eficiente entre el Municipio y la SAT que priorice el mantenimiento preventivo y garantice un entorno urbano seguro.
