Hablar de las pruebas PISA en la Argentina suele transformarse, casi de forma automática, en un ring político. Cada vez que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publica sus resultados, los gobiernos de turno ensayan la misma coreografía: los que acaban de asumir responsabilizan a la «pesada herencia» del régimen saliente, mientras que la oposición de turno acusa a la gestión actual de destruir el futuro del país.
Sin embargo, cuando se remueve el ruido ideológico y se observan las curvas de rendimiento con objetividad, la realidad revela algo mucho más incómodo: la crisis educativa argentina no es el síntoma de una gestión en particular, sino el resultado de décadas de inercia y discontinuidad.
De dónde venimos: el declive de un faro regional
Para entender el presente, hay que recordar el punto de partida. Durante gran parte del siglo XX, la Argentina fue un referente regional en alfabetización e inclusión. El sistema público no solo integraba socialmente, sino que garantizaba niveles de excelencia acordes a las exigencias de su tiempo.
No obstante, al ingresar al siglo XXI y medirse por primera vez bajo los parámetros internacionales estandarizados (PISA), el diagnóstico fue tajante:
- Estancamiento en los pisos de desempeño: Desde las primeras mediciones en los años 2000, más de la mitad de los estudiantes argentinos de 15 años no alcanza los niveles mínimos de competencia en Matemática, Lectura y Ciencia.
- Inclusión sin calidad: Si bien se logró ampliar la cobertura y mantener a más jóvenes dentro de la escuela secundaria, la expansión no vino acompañada de los recursos ni de las transformaciones pedagógicas necesarias para garantizar el aprendizaje.
- Brecha socioeconómica: El origen social del estudiante se convirtió en el factor determinante de su éxito académico, consolidando un sistema fragmentado donde la escuela pública de gestión estatal y la privada operan en realidades prácticamente desconectadas.
Cómo venimos: la trampa del cortoplacismo y el reparto de culpas
El verdadero problema de la última década no ha sido la falta de diagnósticos, sino la imposibilidad de sostener políticas públicas más allá de un mandato presidencial.
Cada administración desembarca en el Ministerio de Educación con el ánimo de refundar el sistema: se cambian los planes de estudio, se rebautizan programas de tecnología o infraestructura y se alteran los sistemas de evaluación. Luego, cuando los resultados de PISA se estancan o empeoran, el libreto se repite:
- El gobierno saliente argumenta que las reformas necesitaban más tiempo y que la crisis es estructural.
- El gobierno entrante utiliza las cifras como un instrumento de desgaste político, desconectando los resultados de sus propios recortes presupuestarios o de su incapacidad para resolver conflictos docentes.
En este fuego cruzado se pierden los ejes prioritarios: la formación inicial y continua de los docentes, la actualización curricular frente a la era digital, la comprensión lectora básica en la primaria y el cumplimiento efectivo del calendario escolar.
Hacia dónde llegaremos: las consecuencias de no tener rumbo
Si el debate educativo sigue subordinado al calendario electoral, el destino del país es predecible:
- Mayor brecha laboral y tecnológica: En un mundo transformado por la inteligencia artificial y la automatización, egresar del secundario sin comprensión lectora ni razonamiento lógico-matemático condena a las futuras generaciones a la informalidad laboral.
- Pérdida de competitividad regional: Países vecinos que implementaron reformas estructurales y sostuvieron políticas de Estado a 10 o 15 años hoy muestran tendencias de mejora o mayor estabilidad en las mediciones internacionales, alejándose de la media argentina.
- Analfabetismo funcional: El riesgo real no es solo «caer en la tabla» de PISA, sino formar ciudadanos incapaces de procesar información crítica, interpretar un texto complejo o resolver problemas de la vida cotidiana.
Salir de la trampa
Las pruebas PISA no deben leerse como una sentencia ni como un arma de chantaje político, sino como un mapa de riesgo. La educación no cambia al ritmo de los mandatos presidenciales de cuatro años; requiere acuerdos transversales a dos décadas.
Mientras la clase política continúe utilizando las aulas como trinchera y los resultados como munición, el diagnóstico seguirá siendo el mismo. Hacia dónde llegaremos depende de una sola decisión: dejar de mirar quién tuvo la culpa en el pasado para empezar a asumir quién se hace cargo del futuro.
