La parálisis legislativa corta la inercia del sector
Tras la suspensión de la reunión de Labor Parlamentaria, el Senado canceló la sesión que tenía previsto debatir la reforma integral del régimen de biocombustibles. Pese a contar con dictamen de comisión y el respaldo de varios bloques dialoguistas, la falta de un piso firme de coincidencias sobre el esquema de cuotas de abastecimiento para las PYMES refinadoras dejó al proyecto fuera de debate por el momento.
La iniciativa apuntaba a elevar el nivel de mezcla obligatoria de bioetanol en las naftas (del 12% al 15%) y de biodiésel en el gasoil (del 7,5% al 10%), extendiendo el horizonte de previsibilidad regulatoria hasta 2037.
Impacto en la economía de las provincias productoras
La postergación representa un freno al crecimiento de economías regionales clave. Las consecuencias más inmediatas para el tejido productivo del interior incluyen:
- Tucumán, Salta y Jujuy (Bioetanol de caña de azúcar): La imposibilidad de subir la cuota de mezcla limita la colocación de excedentes de la zafra hacia la producción energética. Esto expone al sector sucroalcoholero a una sobreoferta de azúcar en el mercado interno, presionando a la baja los precios que perciben los cañeros.
- Córdoba y Santa Fe (Bioetanol de maíz y Biodiésel): Las plantas procesadoras de granos ven paralizada la oportunidad de agregar mayor valor en origen. Mantener los porcentajes actuales frena el consumo local de granos y reduce el margen para escalar proyectos industriales de escala.
- Revisión de inversiones e infraestructura: La demora en establecer un régimen que habilite la comercialización mediante contratos directos y la inclusión de biocombustibles avanzados frena desembolsos privados en conversión vehicular, instalaciones de surtidores y tecnología.
Expectativas congeladas e incertidumbre en las PYMES
Las provincias agroindustriales esperaban la sanción como un catalizador para reducir las importaciones de gasoil y combustibles fósiles importados.
El debate remanente deja expuesto el desacuerdo entre garantizar un mercado protegido para las pequeñas y medianas empresas refinadoras o abrir el juego a la libre competencia con grandes complejos exportadores. Mientras el Congreso no alcance un consenso, las provincias continuarán bajo el régimen actual de cupos limitados, postergando la expansión del empleo técnico y la agregación de valor a sus materias primas agropecuarias.
