La provincia de Tucumán se encuentra en pleno proceso de adecuación de su sistema procesal penal a la Ley Nacional N.º 27.801, la cual establece un nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil. En este marco, la Comisión de Legislación General de la Legislatura —presidida por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse— emitió un dictamen favorable a un proyecto de ley destinado a armonizar la normativa local con el régimen nacional.
El texto normativo otorga un marco legal específico al Instituto Cura Brochero, establecimiento ubicado en Benjamín Paz. Al respecto, Vargas Aignasse señaló que la iniciativa busca asegurar condiciones de infraestructura, contención y resocialización para los menores privados de su libertad. El objetivo central del Estado es intervenir para finalizar las trayectorias delictivas mediante planes de transformación personal que aborden problemáticas como las adicciones y los traumas. «Queremos devolverlos a la sociedad en muchas mejores condiciones de las que les tocó ingresar al sistema penal», expresó el parlamentario, quien además se manifestó a favor de la reducción de la edad de imputabilidad bajo el argumento de que Tucumán cuenta con las condiciones necesarias para la recuperación de los menores.
El proyecto, elaborado de manera conjunta entre los tres poderes del Estado, forma parte de una profundización y adaptación necesaria para la plena implementación del régimen en territorio provincial. En esa línea, el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, reflexionó sobre el sentido social de la iniciativa y remarcó el amplio consenso alcanzado: «Nosotros queremos un régimen, y eso se ve reflejado en la ley, que tienda a la reinserción de los jóvenes en la sociedad», sostuvo, valorando el trabajo coordinado entre el Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo.
