El brutal ataque sufrido por Alejandro Cruz Bazán, un jubilado de 88 años asaltado en la mañana del pasado 3 de agosto en la ciudad de Concepción, volvió a colocar en el centro de la discusión pública los criterios con los que el sistema judicial evalúa la peligrosidad procesal de quienes cumplen condenas en libertad.
La víctima fue abordada en la intersección de las calles Soberanía Nacional y Echeverría mientras se dirigía a realizar trámites personales. El agresor lo golpeó en el rostro y la cabeza para arrebatarle una mochila con dinero y pertenencias. Como consecuencia de los traumatismos y una fractura nasal, el adulto mayor debió ser derivado al Hospital Padilla para someterse a estudios tomográficos y evaluaciones de mayor complejidad.
Tras un trabajo de investigación impulsado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que incluyó la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios, la policía logró identificar al sospechoso como Diego Exequiel Villarreal Sepúlveda, de 25 años. El joven fue localizado y detenido tres días después en una vivienda de la localidad de Villa Quinteros, gracias al aviso de una vecina que alertó a las autoridades sobre su presencia oculta en el inmueble.
Un antecedente que interpela al sistema penal
Más allá de la resolución policial e imputación por robo agravado por lesiones graves, el caso encendió las alarmas en el ámbito judicial y social al confirmarse que Villarreal Sepúlveda se encontraba bajo el régimen de prisión condicional. Dicha medida le había sido otorgada en marzo de 2023 en el marco de una condena previa a tres años de ejecución en suspenso por delitos vinculados al uso de armas.
El hecho de que un individuo con antecedentes severos se encontrara libre al momento de perpetrar un ataque de extrema violencia contra una persona en situación de alta vulnerabilidad abre un debate necesario sobre tres ejes críticos:
- Incongruencia en los diagnósticos: Plantea si las pericias psicotécnicas y criminológicas previas a la concesión de penas condicionales evalúan fehacientemente los niveles de agresividad y el riesgo real de reincidencia.
- Falta de seguimiento de campo: Evidencia la ausencia de herramientas eficaces para el monitoreo post-condena, el cual suele reducirse a firmas periódicas en sede judicial sin un control de conducta activo en el territorio.
- Criterios de oportunidad vs. seguridad ciudadana: Expone cómo la aplicación automática de atenuantes o pactos abreviados en delitos anteriores puede derivar en la desprotección de la comunidad y, en particular, de los adultos mayores.
Actualmente, por orden del Ministerio Fiscal, la Justicia dictó la prisión preventiva por dos meses para el imputado por considerar que existía un riesgo severo de fuga y entorpecimiento de la causa. No obstante, el brutal ataque padecido por Cruz Bazán deja al descubierto los costos sociales y humanos que generan los vacíos en el seguimiento del sistema de ejecución penal.
