La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa uno de los momentos de mayor tensión institucional de su historia reciente. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dictó dos resoluciones clave que mantienen bloqueada la elección de la máxima autoridad de la casa de altos estudios, cuya Asamblea Universitaria estaba prevista para este miércoles 10 de junio. A continuación, se detalla el escenario judicial y político que mantiene en vilo a la comunidad educativa. 1. El origen de la disputa: los mandatos en debate El conflicto se desató cuando los decanos opositores Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala presentaron una acción judicial para interpretar los artículos 17 y 190 del Estatuto de la UNT. La oposición argumenta que el actual rector, Sergio Pagani, no puede postularse a un nuevo período porque ya cumplió dos mandatos consecutivos en el Ejecutivo universitario (contando su gestión previa como vicerrector), lo que representaría un tercer mandato prohibido por la normativa interna. 2. ¿Qué es una medida cautelar? Para entender el estado actual del proceso, es necesario aclarar el mecanismo legal que lo detiene: ¿Qué es una medida cautelar? Es una orden judicial provisoria que dicta un juez o tribunal antes de la sentencia definitiva. Su objetivo es asegurar que no se altere la situación de hecho o de derecho mientras se debate el fondo del asunto, evitando así que se produzca un daño irreparable. En este caso, la Cámara Federal dictó en mayo una cautelar que ordenó a la UNT abstenerse de registrar fórmulas con candidatos que ya hubieran cumplido dos mandatos consecutivos. Esto, en la práctica, suspendió la postulación de Pagani. 3. Las dos decisiones clave de la Cámara Federal Este lunes, el tribunal de alzada resolvió los planteos presentados por ambas partes, dejando un panorama mixto: Rechazo al planteo de la Universidad: Por mayoría (tres votos contra uno), la Cámara declaró «inadmisible» el pedido de nulidad y el levantamiento de la cautelar presentado por la UNT. Los jueces Fernando Poviña, Patricia Moltini y Marina Cossio consideraron que un fallo previo de primera instancia no había resuelto el fondo de la cuestión (el límite de mandatos), sino que solo había descartado la vía procesal elegida, por lo que el peligro inicial se mantiene. El vocal Mario Rodolfo Leal votó en disidencia, argumentando que la cautelar ya había perdido vigencia y que mantenerla afectaba la autonomía universitaria. Rechazo al planteo de la Oposición: Por otra parte, la Cámara también rechazó un pedido de los decanos Cabrera y Abdala, quienes solicitaban que se anulara la prórroga de las elecciones decidida por el Consejo Superior. La oposición pretendía retrotraer el calendario electoral al momento en que ellos eran la única fórmula habilitada. El tribunal determinó que los actos de la universidad gozan de presunción de legitimidad y que la justicia no debe intervenir en los criterios de oportunidad y conveniencia de la institución. El impacto en la imagen pública e institucional Más allá del intrincado laberinto judicial, la situación expone una profunda crisis que trasciende las fronteras de las aulas. Las universidades públicas, concebidas históricamente como faros de pensamiento crítico, civilidad y apego a las normas democráticas, quedan en este tipo de situaciones bajo el escrutinio de una sociedad que espera de ellas conductas ejemplares. Los fallos de la propia Cámara Federal señalan un punto crítico: el tribunal advirtió que la alteración del cronograma electoral y la consecuente incertidumbre no nacieron de la intervención de los jueces, sino de la «conducta previa» de las propias autoridades de la UNT al tolerar inicialmente una postulación que contrariaba su propio estatuto. Cuando los debates en los centros de altos estudios se trasladan de los órganos de cogobierno a los tribunales federales por disputas sobre la alternancia del poder y la interpretación de sus propias reglas, se genera una percepción de desgaste. Para la opinión pública, estas dilaciones y cruces de impugnaciones sugieren que las prioridades institucionales y el proyecto educativo de la región corren el riesgo de quedar subordinados a las tensiones y aspiraciones de los diferentes sectores políticos en pugna. El escenario hacia adelante Con las vías de la Cámara Federal agotadas (a la universidad solo le queda el recurso de acudir a la Corte Suprema de la Nación), la resolución del conflicto vuelve al terreno político local. La Justicia determinó que la readecuación del calendario electoral y la garantía de un proceso democrático bajo el estricto respeto al Estatuto es una «carga exclusiva» de la propia universidad. De este modo, la UNT queda habilitada para reformular su cronograma, permitiendo la apertura de nuevos plazos y la presentación de nuevas listas que compitan en la futura Asamblea, debiendo resolver por sí misma el rumbo institucional de su comunidad. Navegación de entradas Gestión y armado político: la dirigencia tucumana mueve sus piezas con la mirada puesta en el futuro
