La Justicia tucumana avanzó con firmeza contra los dos ocupantes de la camioneta Ford Ranger que el pasado sábado 6 de junio protagonizaron una cinematográfica y trágica huida por la Ruta Nacional 40, en jurisdicción de Colalao del Valle. El siniestro, que terminó con la vida de dos vecinos de Cafayate y dejó a un tercero con heridas graves, expuso de la peor manera la cara más violenta del contrabando en la región: el desprecio absoluto por la vida con tal de proteger un cargamento clandestino de gran valor comercial. En una audiencia clave conducida por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, a cargo de Gerardo Salas, se formalizó la investigación y se convalidaron las detenciones. El auxiliar de fiscal, César Larry, imputó a Julio Agustín Sosa (26 años), oriundo de San Juan, como autor de desobediencia a la autoridad en concurso real con homicidio culposo agravado por conducción antirreglamentaria y lesiones culposas. Para él, se dictó prisión preventiva por el plazo de un mes. Por su parte, Jennifer Fernanda Mamaní (21 años), de Mendoza, fue imputada como coautora de desobediencia a la autoridad. Maniobra desesperada y muerte en la ruta El hecho se desencadenó entre las 15:00 y las 15:30 horas, cuando la Ford Ranger que conducía Sosa esquivó a alta velocidad un puesto de control del Operativo Lapacho y de Gendarmería Nacional en el límite entre Tucumán y Salta. Al percatarse de que los uniformados iniciaban un seguimiento, los sospechosos intentaron ocultarse en un predio de Colalao del Valle donde funcionaba una vieja estación de servicio. Al verse acorralados por los móviles de Gendarmería, Sosa realizó una brusca maniobra de giro en «U» para regresar a la calzada. Fue en ese instante cuando invadió el carril contrario e impactó de frente contra una camioneta Chevrolet S10 que se dirigía de Cafayate hacia Santa María. En ese vehículo viajaban cinco hombres de la zona que se trasladaban a disputar un encuentro de fútbol amateur. A raíz del brutal impacto, la Chevrolet volcó por completo. En el lugar fallecieron de forma instantánea Vidal Chauqui y Jesús Horacio Cancino, mientras que Anacleto Suárez sufrió lesiones de extrema gravedad, siendo derivado de urgencia al hospital de Cafayate. Tras una exhaustiva labor de 12 horas por parte del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), las pericias en el vehículo de los imputados arrojaron luz sobre el motivo de la desesperada fuga: transportaban 24 bultos con un total de 457 kilogramos de hojas de coca en estado natural y una máquina contadora de dinero. Debido al volumen del cargamento —cuyo valor en el mercado negro es multimillonario—, las actuaciones fueron puestas a disposición del Juzgado Federal N.º 1 por presunta infracción al Código Aduanero . El esfuerzo policial vs. un negocio ilegal que no da tregua Este trágico episodio vuelve a poner sobre la mesa una realidad compleja. Por un lado, queda de manifiesto el accionar y la presencia de las fuerzas de seguridad. El personal policial provincial y de Gendarmería Nacional estaba apostado en el lugar cumpliendo con sus tareas de prevención en el marco del Operativo Lapacho; de hecho, la detección del vehículo y la inmediata persecución demuestran que los mecanismos de control reactivo funcionaron. Sin embargo, el verdadero problema de fondo radica en la magnitud de un negocio clandestino que, por sus enormes márgenes de ganancia, empuja a los contrabandistas a tomar riesgos extremos: El peligro de la impunidad: Quienes transportan estos cargamentos masivos no dudan en utilizar vehículos de gran porte como armas para abrirse paso y escapar, transformando las rutas públicas en zonas de alto peligro para civiles inocentes. La permeabilidad de las fronteras: A pesar del esfuerzo y la dedicación de las patrullas en los puestos limítrofes, la vasta geografía del norte argentino y la falta de tecnologías de bloqueo físico inmediato (como sistemas de barreras automatizadas o dársenas de frenado obligatorio) permiten que un conductor dispuesto a todo simplemente acelere y sobrepase el retén, trasladando la persecución directamente a las zonas urbanas. Las cámaras de seguridad de la zona y los teléfonos celulares secuestrados a los imputados serán claves en los próximos días para desentramar la ruta logística de este cargamento que cruzó fronteras provinciales de manera ilegal. Mientras tanto, la comunidad de los valles calchaquíes llora a dos vecinos trabajadores, en un crudo recordatorio de que el contrabando a gran escala ya no es solo un delito fiscal, sino una amenaza real y letal en nuestras rutas. Navegación de entradas Buscan a Ricardo «Riki» Puenzo: ofrecen $30 millones de recompensa por su captura
