La crisis del transporte público en la capital sumó un nuevo capítulo de negociaciones técnicas entre el Ejecutivo municipal y la cámara empresarial (AETAT). El eje de la reunión, de la que participaron los secretarios de Gobierno, Camila Giuliano, y de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, giró en torno a la necesidad de rediseñar la logística del servicio para mitigar el impacto de la quita de subsidios federales y el aumento de los costos operativos.
Sostenimiento económico y rediseño de red
Desde el municipio se informó la continuidad del esquema de asistencia financiera para evitar el cese de las prestaciones. Actualmente, la administración local absorbe $1.000 millones en conceptos de subsidios y debe cubrir un bache de $400 millones mensuales correspondientes a los descuentos sociales de la tarjeta SUBE que la Nación dejó de transferir.
Más allá del aporte directo, la discusión se desplazó hacia la «racionalización de recorridos». Esta medida busca eliminar la superposición de líneas y optimizar el flujo vehicular en zonas críticas, intentando que el sistema sea autosustentable sin depender exclusivamente de constantes inyecciones de fondos públicos o aumentos tarifarios que el usuario no puede costear.
El diagnóstico empresarial: Endeudamiento y brecha de costos
Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT, expuso una situación de fragilidad financiera extrema. Según el dirigente, las empresas están operando bajo un régimen de endeudamiento constante para cumplir con las frecuencias básicas.
«Venimos tomando deuda para poder seguir funcionando y en algún momento ese crédito se termina», advirtió Berreta, subrayando que la prioridad inmediata es garantizar el pago de salarios y los insumos básicos (combustible y cubiertas).
En cuanto a los números, el sector privado sostiene que existe un desfasaje crítico. Mientras el análisis municipal sitúa el costo técnico del viaje en torno a los $1.600, los empresarios elevan esa cifra a los $2.400 si se consideran las inversiones necesarias en renovación de unidades.
