La crisis económica nacional continúa golpeando con fuerza a diversos sectores de servicios, y el transporte escolar se encuentra hoy en un punto de extrema vulnerabilidad. Con una rentabilidad prácticamente inexistente y un parque automotor visiblemente mermado, los prestadores del servicio trabajan al límite, sin margen de ganancia y enfocados únicamente en la subsistencia diaria.
La situación actual es el resultado de un deterioro progresivo que se profundizó tras la pandemia. Desde aquel período, numerosos trabajadores abandonaron la actividad por razones personales o por la imposibilidad económica de sostener las unidades. Hoy, en la jurisdicción local, la prestación del servicio depende de apenas 38 unidades activas, una cifra que grafica con contundencia el achicamiento del sector.
El costo de renovar: una barrera insuperable
Uno de los mayores obstáculos que enfrentan los transportistas es el desfasaje entre sus ingresos y los costos de mantenimiento y reposición. Con unidades cuyo valor de mercado supera hoy los 80 millones de pesos, la renovación resulta un objetivo prácticamente imposible de alcanzar.
En este contexto, las reuniones con las autoridades municipales de transporte buscan encontrar alternativas para revertir un panorama desolador, donde la prioridad absoluta ha pasado a ser simplemente «sostenerse».
El dilema económico de las familias
Esta encrucijada no repercute únicamente en los prestadores; impacta de lleno en el presupuesto de los hogares. Para fijar la tarifa, los transportistas se ven obligados a entablar una negociación directa con los padres, buscando un equilibrio entre el valor del servicio regulado y la capacidad real de pago de las familias.
Ante esta realidad, la respuesta de los padres refleja las tensiones del contexto socioeconómico:
- Confianza y prioridad: Un sector de las familias comprende la situación, valora que se trata de un servicio fiscalizado por la municipalidad que garantiza la seguridad de sus hijos y realiza el esfuerzo económico para mantenerlo.
- El factor bolsillo: Otro grupo numeroso, presionado por la pérdida del poder adquisitivo, decide prescindir del servicio. En estos casos, las urgencias económicas terminan imponiéndose por sobre la tranquilidad que ofrece un transporte escolar habilitado y regulado.
La realidad del transporte escolar deja al descubierto un dilema recurrente de la economía actual: mientras los prestadores intentan no desaparecer ante costos impagables, las familias se ven obligadas a hacer malabares para decidir qué gastos pueden recortar.
