El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán derogó formalmente la Ordenanza N° 4.758, sancionada en 2015, que regulaba el pliego de bases y condiciones para el estacionamiento medido en la capital. Esta medida legislativa se produce tras el fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), que declaró la nulidad del contrato con la empresa Tecno Agro Vial UTE debido a vicios de origen en la adjudicación y a una manifiesta «irrazonabilidad económica», dado que la firma privada retenía el 85% de lo recaudado frente al 15% destinado al municipio.
La derogación cierra un ciclo de disputas judiciales y operativas en torno a un sistema que funcionó de manera precaria durante apenas unos meses en 2022. Según las comisiones técnicas del Concejo, la normativa anterior no solo arrastraba deficiencias legales, sino que su marco tecnológico —basado en parquímetros físicos y mensajería SMS— resultaba obsoleto para las demandas actuales de ordenamiento urbano.
Hacia un nuevo diseño: modernización e inclusión
Con el escenario legal despejado, el Departamento Ejecutivo Municipal, bajo la gestión de Rossana Chahla, se encuentra elaborando un nuevo proyecto que deberá ser enviado al cuerpo deliberativo. Las premisas declaradas para el futuro sistema se centran en dos ejes: la modernización digital para agilizar el tránsito urbano y la mitigación del impacto económico sobre los usuarios en el contexto actual.
Sin embargo, el principal desafío de la futura norma radica en la regularización de la economía popular. La transición hacia un sistema formal abre una compleja discusión sociolaboral respecto a la inserción de los trabajadores informales, conocidos como «cuidacoches» o «trapitos», quienes operan en las calles de la capital desde hace años ante la falta de alternativas de empleo formal.
El factor socio-laboral: derechos, deberes y convivencia urbana
Desde los sectores de trabajadores informales nucleados en la economía popular recibieron con expectativa la derogación de la norma, interpretándola como una oportunidad para salir de la precariedad. No obstante, manifestaron su preocupación por no haber sido convocados formalmente a las mesas de diálogo preliminares, a pesar de haber ingresado pedidos formales de audiencia al Concejo Deliberante.
La incorporación de los cuidacoches al nuevo esquema de estacionamiento plantea la necesidad de un diseño normativo riguroso que equilibre la contención social con el orden público. La formalización de la actividad implica establecer un marco de corresponsabilidad:
- Para los trabajadores: El ingreso al sistema requerirá el cumplimiento de normativas de transparencia, la sujeción a tarifas preestablecidas por el municipio (evitando cobros arbitrarios o coercitivos) y un trato de estricto respeto hacia los automovilistas.
- Para los conductores: El nuevo marco deberá garantizar seguridad jurídica, claridad en los métodos de pago y la erradicación de situaciones de conflictividad en la vía pública, promoviendo el respeto hacia quienes realizan la tarea de ordenamiento.
El debate que inicia en San Miguel de Tucumán no solo buscará resolver un problema crónico de saturación vehicular y ordenamiento del tránsito, sino también encauzar una realidad social compleja a través de reglas claras, donde la tecnología y el factor humano coexistan bajo criterios de legalidad y convivencia ciudadana.
