Por Redacción
Tucumán, 22 de septiembre de 2026
Una nueva jornada de paro nacional docente y no docente volvió a resentir las actividades en las universidades públicas de todo el paÃs. En Tucumán, la medida de fuerza se sintió con fuerza desigual según las dependencias, pero con un diagnóstico común: el atraso salarial y la incertidumbre presupuestaria de cara al próximo ciclo lectivo ponen en jaque el dictado normal de clases.
Desde la Quinta Agronómica de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la dirigencia sindical de ADIUNT llevó adelante una jornada activa de visibilización. Anahà RodrÃguez, referente del gremio, explicó que la acción buscó llevar la discusión directamente a los pasillos y aulas: «Estamos entregando una declaración y explicando por qué paramos: reclamamos un incremento salarial y nos oponemos al proyecto de presupuesto oficial, que plantea un recorte para 2027 donde no estarÃan dadas las condiciones para que la universidad funcione normalmente».
El mapa del acatamiento refleja realidades diversas. Mientras en las escuelas preuniversitarias la adhesión rozó el 90% y en varias facultades se ubicó entre el 70% y el 80%, los predios como la Quinta Agronómica registraron un acatamiento más dispar, motivo por el cual los gremios eligieron ese escenario para dialogar con docentes y estudiantes.
El conflicto golpea de lleno en el bolsillo. Según datos gremiales, los salarios iniciales de la docencia universitaria arrancan en los $270.000 para un auxiliar con dedicación simple, mientras que un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación exclusiva se ubica en torno a los $750.000, montos que quedan relegados frente a los umbrales de pobreza e indigencia actual.
La educación superior: el motor invisible de una sociedad sana
Más allá de la coyuntura salarial y los números del presupuesto, el conflicto universitario reabre un debate de fondo: ¿qué clase de sociedad se construye cuando se desinvierte en educación?
A menudo, la discusión sobre el financiamiento universitario se reduce a una planilla de cálculo. Sin embargo, la universidad pública no representa un mero costo operativo, sino la infraestructura invisible sobre la cual se sostiene el progreso de una comunidad:
- Ascenso social y desarrollo local: Para miles de familias, el tÃtulo universitario sigue siendo la herramienta más concreta de movilidad social intergeneracional. Desfinanciar el sistema es cerrar la principal puerta de oportunidad para los sectores trabajadores.
- SoberanÃa cientÃfica y profesional: Los médicos que atienden en los hospitales públicos, los ingenieros que proyectan la infraestructura del paÃs, los cientÃficos que investigan soluciones para la industria y los docentes que forman a las futuras generaciones se forman en estas aulas. Sin presupuesto, se interrumpe la formación de los profesionales que la sociedad necesita cotidianamente.
- Calidad democrática y pensamiento crÃtico: Una población educada es más difÃcil de manipular, tiene mejores herramientas para exigir transparencia a sus gobernantes y participa de forma más activa en la vida ciudadana. Defender la universidad es, en última instancia, defender la calidad de la democracia.
La comunidad universitaria ya mira hacia la marcha convocada para el próximo 15 de octubre, donde buscarán sumar el respaldo masivo de la ciudadanÃa. La premisa que llevan a las calles no es solo la defensa de un sector o un haber mensual: es la convicción de que sin educación pública, gratuita y de calidad, no hay proyecto de paÃs sustentable.
