El sistema de verificación vehicular en la Argentina pateó el tablero. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció oficialmente la apertura del registro de inscripción para que los talleres mecánicos particulares y habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida popularmente en varios distritos como VTV (Verificación Técnica Vehicular). La medida, que se encontraba frenada por una medida cautelar de la Justicia, quedó finalmente destrabada luego de que la Secretaría de Transporte lograra levantar dicho freno legal. Con este avance, el Ejecutivo nacional busca avanzar a paso firme en la desregulación de un servicio que históricamente funcionó bajo el formato de concesiones exclusivas. “Se termina el monopolio de las plantas de VTV”, enfatizó Adorni a través de sus redes sociales. Las claves del nuevo sistema El corazón de la reforma se apoya en el Decreto 196/2025, el cual introdujo modificaciones estructurales a la Ley de Tránsito nacional. Los puntos centrales del nuevo esquema se resumen en tres ejes: Descentralización: El objetivo principal es ampliar la oferta del servicio. Al permitir que talleres de barrio o centros de estética vehicular medianos se sumen al sistema, el usuario ya no dependerá de las tradicionales y congestionadas plantas de verificación estatales o concesionadas. Registro único y digital: Los establecimientos que deseen participar y cumplan con las exigencias de maquinaria y personal técnico podrán anotarse en el flamante Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. Se trata de un padrón digital, público y de alcance nacional. Competencia de precios: Al haber más oferta, el Gobierno apuesta a que los talleres compitan entre sí, lo que teóricamente debería traducirse en turnos más rápidos y una baja en los costos del trámite para los conductores. La letra chica: el rol de las provincias A pesar del fuerte anuncio de la Casa Rosada, la implementación de este decreto no será automática en todo el territorio. Debido a que la regulación del tránsito y la seguridad vial es una facultad que las provincias no delegaron en la Nación, cada jurisdicción deberá decidir de manera autónoma si se adhiere o no al nuevo régimen nacional. Esto significa que, por ejemplo, si la provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidieran mantener sus contratos vigentes con las actuales plantas concesionarias, los talleres mecánicos de esas zonas no podrán emitir las obleas oficiales hasta que sus legislaturas o gobernadores firmen la adhesión formal al decreto. Por lo tanto, el mapa de la RTO en el país pasará a ser, al menos en el corto plazo, un rompecabezas que se definirá provincia por provincia. Navegación de entradas El IPV publicó el padrón definitivo para el sorteo de 76 viviendas en Los Bulacio y Los Villagra