En una sesión de alta tensión política y en pleno desarrollo del Mundial 2026, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó este jueves un incremento del 36% en el boleto urbano de colectivos, llevando la tarifa mínima de $1.250 a $1.700. La medida, que entrará en vigencia una vez promulgada por la intendenta Rossana Chahla, se dio en el marco de un fuerte debate sobre la crisis del transporte público y el impacto económico que este nuevo ajuste traslada de forma directa a los usuarios.
Un impacto directo al bolsillo en un contexto complejo
El incremento representa un duro golpe para la economía diaria de miles de tucumanos que dependen del transporte público para asistir a sus trabajos y obligaciones. Desde los sectores vecinales y de la oposición se remarcó que el aumento se produce en un escenario de alta sensibilidad económica, donde el presupuesto familiar se ve nuevamente condicionado por el costo de la movilidad básica.
La aprobación dejó al descubierto la encrucijada en la que se encuentra el sistema de transporte: por un lado, la presión de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) ante el aumento de costos operativos, el gasoil y las paritarias; por el otro, un servicio que, según coinciden tanto usuarios como ediles de distintos signos políticos, deja mucho que desear en cuanto a frecuencias, previsibilidad y el estado general de las unidades.
Radiografía de una votación dividida
El dictamen se aprobó por la mínima diferencia en el recinto de Monteagudo y San Martín, con 9 votos afirmativos, 8 negativos y una ausencia justificada. Así se distribuyeron los sufragios de los concejales de la Capital:
A favor del incremento (9 votos):
Sostuvieron que el aumento era la «única alternativa» para garantizar la continuidad del servicio y resguardar más de 4.000 puestos de trabajo directos.
- Bloque Justicialista / Oficialismo: Fernando Juri, José María Franco, Ernesto Nagle, Eduardo Molina, Hugo Andina Lizárraga, Emiliano Vargas Aignasse y Facundo Vargas Aignasse.
- Acción Vecinal: Cristian Abel.
- Libres del Sur: Gastón Gómez.
En contra del incremento (8 votos):
Fundamentaron su rechazo en la falta de mejoras reales en la calidad del servicio, calificándolo de «obsoleto» y exigiendo auditorías sobre los subsidios recibidos.
- Unión Cívica Radical: José María Canelada, Gustavo Cobos, Leandro Argañaraz y Federico Romano Norri.
- Partido de la Justicia Social (Alfarismo): Carlos Ale y Ana González.
- Fuerza Republicana (Bussismo): Ramiro Ortega y Alfredo Terán de Zavalía.
Ausente:
- Gonzalo Carrillo Leito (PJ), quien no estuvo presente en el recinto con previo aviso.
Entre la «asfixia financiera» y el reclamo por un servicio deficiente
El debate legislativo visibilizó la profunda brecha entre la justificación técnica de los costos y la realidad que viven los pasajeros. El presidente de la Comisión de Transporte, José María Franco, defendió la postura oficialista señalando que el sistema se encuentra en una «situación terminal porque la gente no lo elige» y que la suba busca asegurar una rentabilidad mínima para evitar el colapso. En sintonía, Hugo Andina Lizárraga reconoció el peso de la decisión, pero la definió como una «responsabilidad ineludible».
Desde la vereda opuesta, la oposición plantó bandera apuntando a la calidad de la prestación. Concejales como Gustavo Cobos y Federico Romano Norri advirtieron que más de la mitad de las unidades circulantes están obsoletas y tildaron el servicio de «paupérrimo», exigiendo mayor transparencia en los números de las empresas antes de convalidar un nuevo aumento. Asimismo, el concejal Carlos Ale criticó la metodología de la votación y cuestionó la inclusión del voto del presidente del cuerpo, Fernando Juri, sumando un ingrediente de polémica reglamentaria al cierre de la jornada.
Taxis postergados y obras barriales
Si bien las crónicas iniciales sugerían un ajuste conjunto, la discusión por el incremento de la tarifa de taxis (bajada de bandera y ficha) quedó finalmente postergada para la reanudación de la sesión el próximo martes.
Como contrapartida al tenso debate del transporte, el Concejo logró unanimidad en la aprobación de 20 obras públicas enmarcadas en el sistema de Presupuesto Participativo por un monto de $5.700 millones, destinadas a la creación de centros deportivos, culturales y mejoras en plazas de diversos barrios de San Miguel de Tucumán.
