La Legislatura de Tucumán sancionó este jueves una serie de modificaciones técnicas a un proyecto de ley aprobado el pasado 28 de mayo, el cual aún no había sido promulgado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, impulsada por el legislador Mario Leito (PJ), contempla la desafectación del dominio público de una fracción de terreno ubicada entre las rutas 301 y 338 —originalmente proyectada como calle— para permitir un desarrollo inmobiliario privado. A cambio, la empresa Citrusvil S.A. cederá tierras para regularizar la situación dominial de unas 80 familias asentadas en la zona.
La sesión, presidida por Miguel Acevedo, generó fuertes contrapuntos debido a la decisión del bloque oficialista de tratar las reformas «sobre tablas», de forma reservada y sin abrir el debate en el recinto, bajo el argumento de que las posturas ya habían sido expuestas en la sesión anterior. Esta metodología impidió la intervención de legisladores opositores, quienes manifestaron su disconformidad por la falta de uso de la palabra.
El trasfondo del conflicto técnico y social
La necesidad de corregir la norma original surgió a raíz de un informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior, que advirtió sobre severas inconsistencias catastrales. El proyecto original definía el área como una «fracción de inmueble», cuando en realidad se trataba de una calle de dominio público. Los organismos técnicos señalaron que no se había justificado fehacientemente la pérdida de utilidad pública de dicha arteria vial ni los posibles perjuicios de conectividad para los vecinos colindantes.
Para subsanar estas observaciones y disipar dudas sobre un eventual favorecimiento al sector privado, la nueva redacción del Artículo 2° determinó de forma taxativa que las tierras tendrán como «finalidad exclusiva» la regularización dominial, erradicación o consolidación de barrios de emergencia. Asimismo, se condicionó la vigencia de la ley a que la firma privada realice un desistimiento expreso e irrevocable de cualquier acción legal presente o futura contra el Estado.
Un síntoma estructural: la urgencia habitacional vs. el ordenamiento territorial
Más allá de la controversia metodológica en el recinto, el caso de San Pablo y El Manantial funciona como una radiografía de una problemática recurrente en la provincia: el avance constante de asentamientos informales producto de la falta de una planificación urbana integral y sostenible en el tiempo.
La dinámica del crecimiento demográfico y la demanda habitacional insatisfecha suelen consolidar realidades territoriales antes de que el Estado logre planificarlas. Ante la falta de lotes sociales con servicios y de directrices de conectividad vial a largo plazo, el surgimiento y la expansión de barrios de emergencia se convierten en un fenómeno diario.
Frecuentemente, estas situaciones se desarrollan con el aval o la asistencia posterior de referentes políticos que buscan dar respuesta inmediata a la necesidad de tierra y vivienda de las familias. Sin embargo, al basarse en la urgencia y en la «política del hecho consumado», estas soluciones suelen colisionar con el diseño técnico de las comunas y municipios.
El resultado es un escenario complejo en el que el Estado se ve obligado a legislar a posteriori, utilizando herramientas de excepción —como la desafectación de calles proyectadas o la negociación de compensaciones con propietarios privados— para resolver conflictos de tenencia. Si bien estas medidas logran desactivar tensiones sociales y brindar seguridad jurídica a los habitantes de los asentamientos, también evidencian el desafío pendiente de pasar de una gestión urbana basada en la emergencia a una política de ordenamiento territorial anticipatoria y sustentable.
