La administración de los recursos públicos ha vuelto a encender la mecha de la tensión política en Tucumán. Esta vez, el escenario del conflicto es el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), un flujo de recursos vital para la obra pública municipal que hoy mantiene enfrentados al intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, y al Gobierno provincial encabezado por Osvaldo Jaldo.
El reclamo de la «Perla del Sur»
Desde el municipio de Concepción, la postura es de alerta financiera. Molinuevo, aliado del sector libertario, denunció públicamente que la Provincia mantiene una deuda que asciende a los $ 700 millones, correspondiente al mes de abril.
El argumento técnico de la Municipalidad se sostiene en la Ley N.º 6650, la cual —según la interpretación del Ejecutivo municipal— establece un sistema de «goteo diario». Bajo esta lógica, los fondos deberían acreditarse de forma automática y constante, algo que, aseguran, no ha ocurrido en los tiempos esperados, afectando la previsibilidad de la gestión local.
La respuesta técnica de Hacienda
La réplica desde la Casa de Gobierno no tardó en llegar. La Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía, desmintió categóricamente la existencia de atrasos. Según el área económica, el sistema administrativo tiene tiempos que el municipio parece estar ignorando:
- Metodología de pago: La Provincia sostiene que los fondos de un mes (en este caso, abril) se devengan y se transfieren alrededor del día 15 del mes siguiente.
- Estado actual: Aseguran que el FDI de abril está siguiendo el curso normal administrativo y será depositado en mayo, tal como sucede con el resto de los municipios del interior.
- Desestimación: Para Hacienda, no existe deuda técnica, sino una solicitud de «adelantos fuera de norma» por parte de la gestión de Molinuevo.
La postura de Jaldo: Números sobre la mesa
En medio de este cruce de comunicados y declaraciones, el gobernador Osvaldo Jaldo buscó bajar el tono a la confrontación mediática, pero manteniendo la firmeza en la revisión de las cuentas públicas. El mandatario convocó formalmente al intendente Molinuevo a una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Producción.
«Si no se debe, no se debe. Y si se debe, la provincia se tiene que poner al día», sentenció Jaldo.
La propuesta del Ejecutivo provincial es clara: una evaluación técnica conjunta para determinar si el reclamo de los $ 700 millones tiene sustento contable o si se trata de una interpretación errónea de los plazos administrativos por parte del municipio.
Un trasfondo político insoslayable
Más allá de los tecnicismos financieros, la disputa deja entrever la grieta política. Concepción se posiciona como un bastión opositor con sintonía libertaria, lo que añade una capa de complejidad al reclamo. Mientras el municipio exige autonomía y celeridad en los fondos por ley, la Provincia defiende su calendario de pagos y su rol como administrador central de los recursos.
Las próximas horas serán clave para ver si Molinuevo acepta la invitación de Jaldo y si, finalmente, los números logran saldar una discusión que, por ahora, parece más política que contable.
