La intendenta de Graneros, Raquel Graneros, y su madre, la legisladora provincial María Alejandra Cejas, sumaron una nueva presentación judicial en su contra. Un grupo de mujeres, imputadas por el delito de amenazas simples tras un incidente ocurrido el pasado 28 de abril frente a una iglesia de esa ciudad, solicitó formalmente la apertura de una investigación penal por el presunto delito de falso testimonio.
La denuncia, patrocinada por las abogadas Tania Pamela Visintini y Karen Sánchez, sostiene que existen contradicciones entre las declaraciones bajo juramento de las funcionarias y las pruebas audiovisuales incorporadas al expediente principal.
El eje de la contradicción
De acuerdo con el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal, tanto Graneros como Cejas declararon en su momento haber permanecido cerca de diez minutos atrapadas dentro de una camioneta, rodeadas por manifestantes, hasta que intervino la Policía.
Sin embargo, la defensa de las vecinas imputadas argumenta que los registros en video del Centro de Monitoreo de la ciudad desmienten esa versión de los hechos. Según afirman las denunciantes, las imágenes muestran que el vehículo estuvo en el lugar menos de treinta segundos antes de retirarse.
Ante esto, se solicitó formalmente al fiscal general del Centro Judicial Concepción, Diego Sebastián Hevia:
- Una revisión integral de los videos de seguridad.
- El cotejo de dichas imágenes con las declaraciones de las funcionarias.
- La apertura de un legajo de investigación independiente para evaluar los hechos.
La procedencia y el eventual impulso de la investigación penal deberán ser evaluados ahora por las autoridades fiscales intervinientes.
Contexto institucional
Este nuevo expediente se añade a la investigación en curso que afronta la jefa municipal por presunto enriquecimiento ilícito, vinculada a la adquisición de una propiedad en un barrio privado de Yerba Buena.
A raíz de ese caso, el Concejo Deliberante de Yerba Buena dio estado parlamentario a un proyecto de declaración de «persona no grata» para la intendenta, promovido por un bloque de concejales. Los autores de la iniciativa aclararon en el propio texto legislativo que la medida constituye exclusivamente una expresión de postura política y que no interfiere ni adelanta opinión sobre la resolución que adopte la Justicia provincial respecto del patrimonio de la funcionaria.
