El debate por la gratuidad de la salud pública para extranjeros no residentes sumó un nuevo capítulo en Tucumán. A raíz de la reciente normativa nacional que exige seguro de salud o pago previo para las prestaciones habituales en hospitales federales, el Ejecutivo provincial optó por la cautela y descartó tomar medidas inmediatas sin un diagnóstico preciso del impacto local.
La norma nacional —que mantiene la gratuidad estricta para las urgencias médicas independientemente del estatus migratorio— dejó en manos de las jurisdicciones la adopción de esquemas similares. Frente a este escenario, el gobernador Osvaldo Jaldo aclaró que la provincia no aplicará cambios a ciegas y encomendó al Ministerio de Salud un relevamiento exhaustivo para determinar cuántos no residentes atiende hoy el sistema tucumano.
Si bien el mandatario subrayó el carácter humanitario de la atención sanitaria y confirmó que los hospitales continúan prestando servicio con normalidad, dejó en claro la línea prioritaria de su gestión: resguardar la capacidad operativa del sistema provincial para que la demanda externa no sature los recursos ni afecte la calidad de atención destinada a la población local.
La recolección de datos oficiales será el paso previo antes de que la gestión provincial defina si se suma al esquema promovido por la Casa Rosada o si mantiene el modelo actual.
