Cuatro integrantes de la Policía de Tucumán quedaron formalmente imputados en el marco de una investigación penal por la detención de una menor de 13 años, ocurrida el pasado 22 de febrero en el barrio Juan XXIII (La Bombilla) durante un procedimiento policial.
Según consta en la acusación presentada por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, representada por Federico Lizárraga, los acusados —el cabo primero Ernesto Flores, el sargento Ricardo Gómez y las agentes transitorias Marcia Acevedo y Beatriz Sequeira— habrían aprehendido a la menor mientras filmaba y transmitía en vivo el operativo a través de sus redes sociales.
De acuerdo con el relato fiscal y del entorno de la víctima, la niña fue reducida, esposada por la espalda y trasladada en un patrullero a dependencias de salud sin que se le permitiera a la madre acompañarla ni asentar oportunamente la detención. En base a ello, el Ministerio Público Fiscal imputó a los efectivos por los delitos de abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica.
Por su parte, la representación legal de la familia de la menor, ejercida por la abogada Mariana Santillán, expresó disconformidad con los alcances de la acusación dictada ante la jueza Elizabeth Raddi. La querella señaló que no se formularon cargos por presunto abuso sexual —a raíz del procedimiento de requisa para retirarle el teléfono— y consideró insuficientes las medidas de coerción otorgadas (fijación de domicilio y prohibición de acercamiento a 300 metros), al entender que por el tipo de delitos correspondía la prisión preventiva hasta la realización de la declaración en Cámara Gesell.
Desde la conducción de la fuerza policial, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, expuso una postura centrada en el derecho a la defensa del personal imputado y el principio de presunción de inocencia. El funcionario argumentó que las intervenciones operativas exponen a los efectivos a situaciones de extremo riesgo y confirmó que la institución pondrá abogados a disposición para defender a sus subordinados durante la etapa investigativa. Asimismo, ratificó que los agentes no serán apartados de sus cargos a menos que la Justicia dicte una condena firme.
