El tablero político de San Miguel de Tucumán volvió a agitarse tras las recientes declaraciones del exintendente y líder del Partido por la Justicia Social (PJS), Germán Alfaro. A pesar de haber ratificado su integración al armado del gobernador Osvaldo Jaldo con miras a 2027, Alfaro lanzó un contundente pronóstico sobre la gestión municipal actual: aseveró que si la intendenta Rossana Chahla busca la reelección al frente del municipio capitalino, la estructura peronista sufrirá una derrota.
Este contrapunto no tardó en generar un inmediato cruce con el gabinete municipal. Funcionarios de la Intendencia —como Luciano Chincarini, Carlos Arnedo y Pablo Haro— salieron al cruce calificando los dichos de Alfaro como especulativos y cuestionaron sus constantes giros políticos, recordando además el resultado de los comicios de 2023 donde el espacio del exintendente perdió la conducción del municipio capitalino.
Más allá del contrapunto verbal y las descalificaciones cruzadas, el choque de posturas expone dinámicas recurrentes en la construcción del poder político en la provincia:
- El posicionamiento de Germán Alfaro: Por un lado, el exjefe municipal argumenta que su respaldo al proyecto provincial de Jaldo no implica un aval automático a la gestión local de Chahla. Desde su perspectiva, un diagnóstico crítico sobre el electorado capitalino busca evitar un tropiezo electoral del espacio en el principal distrito de la provincia.
- La respuesta del chahlistmo: Por otro lado, la administración municipal sostiene que las proyecciones de Alfaro responden a intereses personales y a un «doble juego», enfatizando que la legitimidad de las candidaturas debe basarse en el trabajo de gestión y en la evaluación directa de la ciudadanía, más que en condicionamientos de dirigentes opositores sumados al oficialismo.
El trasfondo del mensaje político
Este episodio deja en evidencia cómo la dirigencia política suele reordenar alianzas, fijar posturas y articular discursos en función del calendario electoral. Tras un historial de fuertes enfrentamientos cruzados —que incluyó denuncias penales y auditorías tras el cambio de mando en 2023—, los movimientos de acercamiento y las advertencias públicas revelan la tensión constante entre la necesidad de sumar estructuras para garantizar la gobernabilidad y las disputas por el liderazgo territorial.
En última instancia, el escenario abre una reflexión para la ciudadanía sobre el funcionamiento del sistema político: determinar si las estrategias, los giros ideológicos y los pronósticos de los dirigentes responden a una genuina vocación de servicio para resolver las necesidades cotidianas de los vecinos, o si priman las dinámicas de autopreservación de las cúpulas de poder. La respuesta definitiva, como en cada proceso democrático, quedará en manos del electorado al momento de emitir su voto.
