El bolsillo del usuario volvió a quedar en el centro de la escena. Tras los insistentes pedidos de aumento por parte de las empresas de transporte, argumentando el impacto directo de las subas en los combustibles, la crisis del transporte público en San Miguel de Tucumán suma un nuevo capítulo de tensión. Sin embargo, esta vez el debate oficial intenta ir más allá del parche económico inmediato para discutir el problema de fondo: un sistema estructuralmente agotado.

Desde el Municipio capitalino reconocieron que el esquema actual es inviable. Con pliegos listos para ser enviados al Concejo Deliberante, la gestión local —en una acción coordinada junto al gobernador Osvaldo Jaldo y el gobierno provincial— busca avanzar hacia una licitación pública total que permita «empezar de cero».

El diagnóstico oficial desnuda el anacronismo del servicio. Actualmente, los recorridos de las líneas urbanas arrastran un atraso de entre 30 y 40 años, un período en el que la fisonomía de la ciudad cambió por completo. El resultado de esta falta de planificación es un mapa de asimetrías insólitas: mientras se consolidaron nuevos barrios que hoy se encuentran virtualmente aislados y sin cobertura, existen arterias saturadas por donde superponen sus recorridos hasta 19 líneas distintas, sumando las 14 urbanas y las unidades interurbanas.

Ante este panorama, la propuesta técnica sobre la que trabaja el Municipio plantea una reorganización integral del tránsito: que las líneas interurbanas circulen exclusivamente por las cuatro avenidas principales, dejando el interior del macrocentro reservado para las líneas urbanas. El objetivo es drástico pero necesario: optimizar los recursos y reducir de manera eficiente los actuales 1.400 kilómetros de recorrido total a una cifra cercana a los 500 o 600 kilómetros, atacando directamente los costos operativos que las empresas luego trasladan a la tarifa.

La urgencia del rediseño responde también a un dilema financiero que golpea las arcas públicas. Tanto la Provincia como el Municipio destinan mensualmente millonarias sumas en subsidios y recursos para sostener el sistema. Sin embargo, la inversión estatal no se traduce en bienestar. «El vecino no percibe eso», admiten desde los despachos municipales, asumiendo que si el usuario no experimenta una mejora real en la frecuencia y el estado de las unidades, la lógica de los subsidios vigentes fracasa por completo.

La encrucijada actual deja en claro que el aumento del boleto —atado de forma casi automática a la inflación de los insumos básicos— ya no es una solución, sino un síntoma. El usuario tucumano sigue funcionando como el fusible de una crisis que no cesa, pagando más por un diseño urbano del siglo pasado, a la espera de que la prometida reforma de raíz finalmente llegue a las calles.