El eje del reclamo: financiamiento y salarios

Este martes se llevó a cabo la cuarta Marcha Federal Universitaria durante la gestión actual. La movilización, que se replicó en las principales ciudades del país, tuvo como objetivo principal reclamar la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según el documento leído en el acto central por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los frentes gremiales (FUA, CONADU, entre otros), el sistema atraviesa una crisis profunda:

• Caída presupuestaria: Denuncian una reducción real acumulada del 45,6% en las transferencias a universidades entre 2023 y 2026.
• Crisis salarial: Los sectores académicos aseguran que los salarios docentes y no docentes han caído a su nivel más bajo en 23 años, perdiendo gran parte de su poder adquisitivo frente a la inflación.
• Gastos de funcionamiento: Advierten que las partidas para servicios y mantenimiento de edificios (incluyendo hospitales universitarios) representan apenas el 64% de lo que eran en enero de 2023.

La postura del Gobierno

Desde el Ministerio de Capital Humano y la Subsecretaría de Políticas Universitarias calificaron la movilización como «política». El argumento oficial se centra en la disciplina fiscal:

• Sustentabilidad: El Ejecutivo sostiene que la ley no especifica el origen de los fondos y que cumplirla obligaría a reasignar más del 90% de los créditos de gastos primarios del Estado, afectando el equilibrio macroeconómico.
• Vía judicial: El Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para suspender la aplicación de la ley. Por el momento, la Justicia ha mantenido en suspenso las medidas cautelares que obligaban a actualizar salarios y becas hasta que el máximo tribunal dicte una sentencia definitiva.

Contexto del conflicto

La disputa se remonta a 2024 y se intensificó tras la sanción de la ley por parte del Congreso. Mientras la comunidad universitaria exige la ejecución inmediata de los fondos para garantizar el derecho a la educación, el Gobierno ratifica que solo se limitará a cumplir con lo establecido en la Ley de Presupuesto, priorizando el déficit cero.

La jornada concluyó en Plaza de Mayo con un pedido directo a la Corte Suprema para que intervenga en el conflicto, en un escenario de alta polarización sobre el rol del Estado en el financiamiento de la educación superior.

ph: Martin Cossarini