La postal se reitera con preocupante frecuencia en los márgenes de nuestras carreteras, transformando la geografía tucumana en un llamado de atención que no podemos seguir ignorando. Kilómetros de banquinas y caminos rurales se ven afectados por la acumulación de residuos de todo tipo. Este panorama, lejos de ser un hecho aislado, evidencia una problemática compleja que requiere tanto de una presencia estatal más activa y coordinada como de un compromiso cívico y educativo más profundo por parte de la sociedad.
Un claro reflejo de esta situación se observa de manera recurrente en la Ruta Nacional 38, puntualmente entre los kilómetros 744 y 746, en el trayecto que conecta a Río Seco con Arcadia. No obstante, este tramo es solo una muestra de un hábito que se extiende a otros puntos de la provincia, alcanzando incluso a las cuencas de nuestros ríos, espacios que terminan convertidos en vaciaderos improvisados donde interactúan animales de pastoreo.
El impacto silencioso en la salud y la tierra
Más allá del evidente daño estético al entorno natural, la persistencia de estos microbasurales genera consecuencias que nos afectan a todos:
- La tierra y los cultivos: La progresiva degradación y dispersión de pequeñas partículas de plástico y residuos químicos en los campos colindantes de soja y caña de azúcar representa un riesgo silencioso para la calidad de la producción agrícola, motor de la economía regional.
- La salud pública: La acumulación de desechos a cielo abierto favorece la proliferación de vectores de enfermedades, transformándose en focos de riesgo sanitario para los vecinos de las comunas cercanas.
Un vacío estructural que exige respuestas
La problemática pone de manifiesto la asimetría en la gestión de residuos dentro de la provincia. Si bien la puesta en marcha de la planta de Overo Pozo significó un paso adelante para el Gran San Miguel de Tucumán, el interior tucumano aún aguarda soluciones de fondo. La falta de infraestructura local para el tratamiento de basura y la ausencia de campañas de concientización sostenidas complican el panorama.
Asimismo, la falta de mecanismos institucionales claros de control y la ausencia de incentivos o penalizaciones efectivas hacen que la erradicación de estos puntos de arrojo sea una tarea sumamente difícil.
Abordar este flagelo no se trata de buscar culpables de manera estéril, sino de asumir responsabilidades compartidas. Requiere que el Estado garantice las herramientas y el presupuesto para un servicio de recolección eficiente en cada localidad, y que cada ciudadano reflexione sobre el impacto individual de sus acciones en el espacio común. Solo a través de esa sinergia entre gestión y educación cívica se podrá recuperar la dignidad de nuestros paisajes y garantizar un ambiente sano para las futuras generaciones.
