La crisis del transporte público en Tucumán suma un nuevo capítulo de incertidumbre que golpea de lleno a sus trabajadores. Detrás de los agradecimientos protocolares por el envío de fondos provinciales, el verdadero foco de atención tras la reunión entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), César González, reside en la fragilidad laboral en la que se encuentran más de 500 choferes y empleados del sector.
La alerta central del gremio gira en torno al estado financiero de cuatro empresas de transporte que actualmente se encuentran en concurso de acreedores. Aunque la asistencia crediticia y los subsidios otorgados por el Gobierno provincial vienen funcionando como un salvavidas de coyuntura para sostener el pago diario de salarios, el concurso judicial de estas firmas abre un escenario de alta vulnerabilidad para las familias que dependen de esos empleos.
Entre la asistencia estatal y la incertidumbre laboral
Si bien desde el sindicato valoraron la contención financiera que aporta el Ejecutivo para evitar la paralización inmediata del servicio y el cobro de haberes, la lectura de fondo expone la insostenibilidad del esquema actual sin una reactivación económica de mayor alcance.
«Le comenté con preocupación sobre las líneas que están concursadas en la provincia, que son cuatro empresas, que nos preocupa, porque son más de 500 trabajadores, y todos sabemos cuáles son las consecuencias cuando una empresa está concursada», advirtió González al finalizar la audiencia en Casa de Gobierno.
La radiografía que deja el encuentro muestra que la asistencia provincial actúa únicamente como un paliativo temporal. La solución estructural —señalan desde el gremio— dependerá de variables macroeconómicas clave, como la reactivación de la obra pública nacional y la recuperación del consumo, factores indispensables para reimpulsar el flujo de pasajeros y dar viabilidad a las empresas en riesgo.
