Los concejales de la Unión Cívica Radical (UCR), José María Canelada y Gustavo Cobos, presentaron un proyecto de ordenanza para crear el «Régimen Municipal de Prevención, Atención y Reparación Administrativa de Daños». La iniciativa surge como respuesta al deterioro de la vía pública y busca que la gestión de la intendenta Rossana Chahla asuma la responsabilidad civil por accidentes o roturas sufridas por los ciudadanos.
Puntos clave de la propuesta
El proyecto se fundamenta en la necesidad de eliminar la burocracia actual y ofrecer un mecanismo «gratuito, ágil y accesible» para los damnificados. Sus ejes principales son:
- Reparación Administrativa: Establecer un procedimiento para que el vecino reclame compensaciones por daños en vehículos o integridad física causados por baches, veredas rotas, tapas de servicios faltantes o señalización deficiente, sin necesidad de recurrir inicialmente a la vía judicial.
- Sistema Preventivo: Permitir que cualquier ciudadano denuncie situaciones de riesgo, obligando al Municipio a realizar inspecciones técnicas y reparaciones de urgencia en plazos breves.
- Canales Unificados: Creación de vías de denuncia claras para centralizar los reclamos que actualmente, según los ediles, son rechazados sistemáticamente por la administración municipal.
Argumentos de la oposición
Los autores del proyecto, quienes también impulsan la plataforma chaubache.com, señalaron que el Municipio suele rechazar reclamos administrativos alegando la falta de una ley provincial de responsabilidad del Estado.
«Si existe un daño y una deficiencia en la infraestructura, el Estado tiene que hacerse cargo», afirmó el concejal Cobos.
Por su parte, Canelada destacó que el objetivo es evitar que los vecinos se sientan «abandonados» y que se «naturalicen» los accidentes derivados de la falta de mantenimiento urbano.
Impacto social: El caso testigo
La presentación contó con el testimonio de Matías Cuenca, un repartidor que sufrió una fractura de tibia tras caer en un bache en la intersección de Av. Avellaneda y calle Santiago. El trabajador, que lleva dos meses sin poder ejercer su actividad tras ser operado, ejemplifica el tipo de situaciones que el nuevo régimen busca amparar.
