El debate para la adaptación provincial a la Ley Nacional N° 27.801 ha iniciado su ronda de consultas parlamentarias con la participación de representantes del Poder Legislativo y equipos técnicos del Ejecutivo provincial. En este marco, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse encabeza los encuentros orientados a evaluar los aspectos normativos y operativos que demandará la puesta en vigencia de la norma federal, la cual fija la edad de imputabilidad penal a partir de los 14 años.
La adecuación a esta ley nacional requiere diseñar un esquema de intervención estatal integral que atienda la ejecución de las sentencias judiciales en espacios de alojamiento exclusivos, estrictamente diferenciados de los centros de detención para adultos, garantizando el cumplimiento de los procesos fijados por el Poder Judicial.
Aportes técnicos y coordinación interdisciplinaria
Durante las jornadas de trabajo, la licenciada Graciela Sare, en representación de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia —área que abarca la Subdirección de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal—, expuso el diagnóstico actual sobre la problemática y las necesidades prioritarias para el funcionamiento del nuevo sistema.
Entre los principales requerimientos señalados por los equipos técnicos y las autoridades parlamentarias se destacan:
- Recursos Humanos Especializados: Formación y capacitación técnica continua del personal a cargo del acompañamiento, custodia y seguimiento de los menores sometidos al régimen penal.
- Salud y Salud Mental: Abordaje profesional focalizado en el tratamiento de consumos problemáticos y adicciones.
- Educación y Formación Laboral: Articulación con las áreas correspondientes para asegurar la escolaridad obligatoria y la capacitación en oficios durante el período de restricción de la libertad.
Próximas instancias del proceso legislativo
Según lo informado tras el encuentro entre Vargas Aignasse y Sare, las mesas de trabajo técnico continuarán la próxima semana con la incorporación de representantes de los ministerios de Seguridad, Salud, Educación y Desarrollo Social. El propósito del trabajo en comisión es elaborar un dictamen consensuado que establezca las competencias administrativas y los recursos necesarios para la aplicación efectiva del marco legal nacional en el ámbito provincial.
