Con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional (Ley N.° 27.801), que establece la responsabilidad penal a partir de los 14 años, la provincia de Tucumán inició el proceso de adecuación de sus normas procesales y la creación de un régimen específico para la ejecución de sentencias aplicables a menores de edad.
Desde la esfera provincial se remarcó que la normativa nacional responde a un articulado complejo, fruto de diversos dictámenes legislativos, por lo que su aplicación local exige armonizar los criterios del Poder Judicial con los del Ministerio de Desarrollo Social.
Coordinación institucional y foco en la resocialización
El objetivo expresado por las autoridades parlamentarias locales es consolidar una herramienta de aplicación efectiva que responda tanto a la sanción del delito como a las garantías del proceso. El esquema busca estructurar un trayecto penal enfocado en:
- Sanción y cumplimiento: Establecer condiciones claras para que el menor pueda responder por el delito cometido.
- Reintegración social: Implementar procesos que permitan resocializar al joven en conflicto con la ley e interrumpir su trayectoria criminal.
- Prevención y protección: Evitar la reincidencia como medida para reducir la generación de nuevas víctimas y devolver al menor a la sociedad en mejores condiciones de adaptabilidad.
Debate operativo: el caso de la figura del supervisor
Dentro de los diversos aspectos prácticos que exige la aplicación de la ley, uno de los puntos en discusión es la implementación de la figura del supervisor y la conformación de los equipos técnicos multidisciplinarios (psicólogos y visitadores sociales). A título de ejemplo sobre los desafíos de la adecuación local, la deliberación actual se enfoca en definir en qué ámbito institucional operará este cuerpo profesional: si quedará bajo la estructura del Poder Ejecutivo o si formará parte del Poder Judicial.
Las mesas de diálogo de las que participan los tres poderes del Estado buscan evitar vacíos normativos y asegurar que las leyes que se promulguen sean de plena aplicabilidad en el territorio provincial, respondiendo al reclamo de soluciones concretas por parte de la sociedad sin descuidar el marco institucional de las garantías procesales.
