La sesión de la Legislatura provincial destinada a ratificar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la designación de Eduardo Cobos al frente del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) estuvo marcada por un clima de extrema hostilidad que excedió los límites del intercambio parlamentario. Lo que debía ser una discusión institucional sobre la idoneidad y el funcionamiento de un organismo clave para el control de los servicios esenciales terminó empañado por un bochornoso espectáculo.
El contrapunto comenzó durante las alocuciones de fondo. Desde la oposición, el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) cuestionó el uso recurrente de la figura del DNU en lugar de avanzar hacia la normalización definitiva de las entidades intervenidas. En su intervención, señaló presuntas irregularidades en la administración de la Defensoría del Pueblo —organismo anteriormente conducido por el actual interventor del ERSEPT—, denunciando un incremento de personal y el supuesto uso de recursos institucionales con fines electorales en favor de su hijo, el actual legislador oficialista Tomás Cobos.
La respuesta de Cobos no tardó en llegar. Rechazó categóricamente las acusaciones, recurrió a calificativos hacia la trayectoria de su par opositor e introdujo graves denuncias verbales sobre supuestos pedidos de favores políticos y acuerdos espaldas de la sociedad. La escalada continuó cuando Bussi sugirió que las expresiones del oficialista merecían un llamado de atención severo por parte de la Mesa Directiva de la Cámara, descalificando las imputaciones vertidas.
El momento de mayor gravedad institucional ocurrió tras la votación —que ratificó el DNU por 36 votos a favor, siete en contra y una abstención—. La discusión entre ambos parlamentarios derivó en una increpación presencial y en la invitación a retirarse del recinto para dirimir las diferencias «afuera», lo que motivó a Bussi a denunciar una amenaza a viva voz ante la Presidencia del cuerpo. La escena exigió la rápida intervención de otros legisladores para frenar una confrontación que amenazaba con pasar al plano físico.
Más allá del resultado de la votación, el episodio deja al descubierto una preocupante degradación del debate público. Las chicanas personales, las acusaciones graves lanzadas sin el debido encauzamiento judicial y los desbordes de conducta lesionan el prestigio de una institución fundamental para la democracia. En momentos en que la sociedad demanda respuestas concretas ante deficiencias en el suministro de agua y energía eléctrica, el uso del recinto como escenario para disputas de tinte callejero no hace más que profundizar la distancia entre la clase política y las necesidades reales de los ciudadanos.
