La negociación por el servicio de transporte público de pasajeros en Tucumán atraviesa horas clave. Con la amenaza latente de una medida de fuerza que paralizaría los colectivos urbanos e interurbanos desde el primer minuto del viernes, representantes de los trabajadores y del sector empresarial pasaron a un cuarto intermedio con el compromiso de retomar las conversaciones.
En un escenario complejo marcado por la paritaria nacional y la realidad económica local, las tres partes involucradas —el gremio de los choferes, las empresas concesionarias y las autoridades estatales— fundamentan sus posturas ante el conflicto:
1. La postura del gremio (UTA): Equidad salarial con el AMBA
Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezada en la provincia por César González, el reclamo central se enfoca en la equiparación de los ingresos con los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
- Igualdad de haberes: Exigen que los choferes del interior perciban el mismo incremento fijado para el AMBA, donde el salario básico de un conductor alcanza aproximadamente los $2,3 millones.
- Resguardo del poder adquisitivo: Consideran legítimo el ajuste en el contexto inflacionario actual y sostienen la posibilidad de ejecutar el paro de actividades como recurso legítimo ante la falta de un acuerdo homologado.
2. La postura de los empresarios (AETAT): Asimetría de subsidios y caída del sistema
Desde la Asociación Empresaria del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), representada por Jorge Berreta, no se desconoce la validez del reclamo obrero, pero se enfatiza la inviabilidad financiera de afrontarlo sin un esquema equitativo de recursos.
- Falta de aportes equivalentes: Advierten que las empresas del interior no cuentan con el mismo nivel de compensaciones económicas e incentivos tarifarios que reciben las firmas operadoras en el AMBA.
- Factores estructurales: Señalan que el sector enfrenta una sostenida caída en la venta de pasajes, sumada al impacto de la competencia de las aplicaciones de viajes y el constante incremento de los costos operativos.
3. La postura del Estado (Provincia y Municipio): Exigencia de reciprocidad y continuidad del servicio
Tanto el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, como la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, expresaron su firme rechazo a la concreción de una medida de fuerza, subrayando el esfuerzo presupuestario estatal para sostener el sistema.
- Aportes económicos al día: Las autoridades recalcan que las arcas provinciales y municipales realizan transferencias y compensaciones periódicas y en tiempo y forma para posibilitar el pago de los salarios de más de 3.500 empleados.
- Impacto en los usuarios: Remarcan que una suspensión del servicio afecta directamente a más de 600.000 ciudadanos que dependen a diario del transporte para trasladarse a sus trabajos y centros educativos.
- Uso de vías legales: Si bien garantizan el respeto al derecho constitucional de huelga, el Gobierno advirtió que de concretarse la medida se exigirán las responsabilidades correspondientes y las administraciones quedarán facultadas para tomar decisiones en el marco legal vigente.
