El avance de las actuaciones judiciales llevadas a adelante por la Unidad Fiscal de Homicidios II del Ministerio Público Fiscal, conducida por Carlos Sale, ha consolidado la hipótesis procesal de filicidio seguido de suicidio tras el hallazgo de las víctimas de 38 y 8 años en la vivienda de San Miguel de Tucumán. La tipificación legal del hecho deslinda sin ambigüedades la responsabilidad penal directa en la figura del agresor, descartando cualquier tentativa de justificación o atenuación del acto violento cometido contra un menor indefenso.
No obstante, el análisis riguroso de la tragedia exige no agotar la mirada en la imputabilidad penal y examinar la cadena de fallas de supervisión pública que precedieron al desenlace. La confluencia de un proceso penal en curso, el deterioro del estado psíquico o de salud mental y la carga de cuidado de un niño en situación de vulnerabilidad constituyó un escenario de riesgo que no fue detectado ni mitigado a tiempo por las instituciones competentes.
Ejes de la investigación y puntos de falla institucional
- Control ineficaz de la medida cautelar: El agresor se encontraba cumpliendo una medida de prisión domiciliaria dictada por la Justicia. La falta de un monitoreo presencial estricto sobre el cumplimiento de la norma y sobre el estado del inmueble evidencia graves grietas en la custodia penal estatal.
- Invisibilización del riesgo y salud mental: Existían indicadores de deterioro psíquico y escritos de advertencia que hoy son objeto de peritaje caligráfico y forense. La ausencia de protocolos de alerta temprana para abordar crisis severas de salud mental en contextos penales evitó una intervención oportuna.
- Vulnerabilidad del menor y desprotección: La víctima presentaba una condición de autismo severo que demandaba cuidados continuos. La guarda de un niño dependiente no puede quedar exclusivamente bajo el ámbito intra-familiar cuando el progenitor padece restricciones de libertad y una evidente fragilidad económica e institucional.
