El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó por unanimidad la convocatoria a funcionarios de Planeamiento Urbano, Obras Públicas, Catastro y Edificación. El objetivo es analizar la situación administrativa y las condiciones de seguridad de los edificios de vivienda colectiva que operan sin el certificado de Final de Obra. La medida se acordó tras la explosión e incendio en el edificio de Monteagudo 120, donde un hombre perdió la vida y se constató posteriormente la falta de dicho aval municipal.
La resolución, consensuada entre el oficialismo y los distintos bloques de la oposición, prioriza en una primera etapa la citación de las áreas técnicas para obtener un diagnóstico actualizado. Aunque la propuesta inicial buscaba exigir una auditoría preventiva urgente, el texto final se enfocó en citar a los responsables para determinar la magnitud del problema y evaluar posibles reformas normativas.
La costumbre de actuar sobre el hecho consumado
El caso vuelve a poner de manifiesto una dinámica institucional recurrente: la activación de controles y debates normativos se produce únicamente como respuesta a una tragedia, y no como un ejercicio preventivo del poder de policía. Mientras que en el ámbito privado la falta de diligencia o el incumplimiento de las normas acarrea sanciones inmediatas para quien comete la falta, en la gestión pública los controles postergados suelen diluirse entre gestiones sin que existan consecuencias claras por la omisión del deber de fiscalizar.
Informes citados durante la sesión revelan que ya en 2018 se habían identificado al menos 31 edificios en esta condición dentro de la capital, cifra que según estimaciones de los propios ediles podría rondar los 40 inmuebles en la zona céntrica. Pese a que el problema arrastra años y fue detectado en el pasado, la respuesta de fondo volvió a demorarse hasta que el riesgo se cobró una vida.
Las dos dimensiones del impacto en el ciudadano
Desde la perspectiva de los vecinos, la falta de regularización genera un perjuicio directo en dos frentes clave:
- Seguridad e integridad física: Aunque la ausencia del certificado no implica de forma automática un riesgo de colapso, priva a los residentes de la garantía estatal de que las instalaciones de gas, electricidad, ascensores y sistemas contra incendios fueron auditadas y aprobadas de acuerdo con la ley.
- Inseguridad jurídica: Cientos de familias que invirtieron sus ahorros en la compra de departamentos no pueden acceder a la escritura definitiva, quedando atrapadas en un limbo administrativo por la falta de adecuación de los desarrolladores y la ausencia de una solución firme por parte del Estado.
Consenso político ante una falla histórica
Durante el debate, concejales de los distintos bloques —UCR, PJ y Fuerza Republicana— coincidieron en calificar la situación como un problema estructural que atraviesa a distintas administraciones. Se remarcó que el incumplimiento de las normas por parte de ciertos desarrolladores ha sido una constante, al tiempo que se enfatizó la necesidad de avanzar en la redacción de un nuevo Código de Planeamiento Urbano y en la actualización de los mecanismos de inspección.
La fecha y hora de la reunión conjunta de comisiones donde expondrán las autoridades municipales quedará a criterio de la presidencia del cuerpo. Para los ciudadanos, la exigencia de fondo va más allá de un nuevo debate de comisiones: requiere que el Estado asuma una fiscalización preventiva permanente, capaz de resguardar la vida y el patrimonio antes de que el daño vuelva a ser irreparable.
