La comunidad de San Miguel de Tucumán se encuentra profundamente conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de Jonathan Stisman, médico de 43 años que permanecía internado en estado crítico en el Hospital Centro de Salud desde el pasado lunes. El profesional no logró sobrevivir a las severas quemaduras sufridas tras la potente explosión e incendio registrados en su departamento del tercer piso en el edificio ubicado en Monteagudo 120, frente al Concejo Deliberante.
El siniestro, que provocó la destrucción de tabiques divisorios, inundaciones en los accesos por la rotura de cañerías y la evacuación de 63 personas, tiene como hipótesis principal una fuga de gas, según los informes preliminares de la División Bomberos de la Policía.
Investigaciones en marcha y el foco en las normativas
A la par de la causa judicial que busca determinar las causas exactas del origen del fuego, la Dirección de Catastro municipal inició un relevamiento técnico sobre el inmueble. Aunque las pericias preliminares llevaron tranquilidad respecto a la estabilidad estructural del edificio, las autoridades centran su atención en determinar si el emprendimiento contaba con la documentación en regla, fundamentalmente el Certificado de Final de Obra.
Este documento no constituye un mero trámite administrativo: es la garantía técnica expedida por el Estado municipal de que un inmueble ha sido construido en estricto cumplimiento de los planos aprobados y las normativas de seguridad e instalaciones vigentes para ser habitado de forma segura.
Un debate de fondo sobre la seguridad urbana
El trágico suceso vuelve a poner sobre la mesa una problemática de vieja data en la capital tucamana. Antecedentes urbanísticos en la ciudad ya han encendido alarmas en años anteriores sobre la presencia de edificios habitados que carecían de la habilitación formal definitiva o que funcionaban con conexiones provisorias de servicios esenciales.
El caso de Monteagudo 120 no solo exige el esclarecimiento de las responsabilidades individuales de este hecho puntual, sino que también emplaza a los organismos de control estatal e instituciones profesionales a reflexionar y brindar certezas a los vecinos: ¿cuán rigurosos y efectivos son actualmente los procesos de inspección previa a la entrega de una vivienda, y qué garantías reales ofrece el Final de Obra a los ciudadanos que habitan el parque inmobiliario de la ciudad?
Actualmente, el inmueble continúa clausurado de forma preventiva, con accesos controlados para que los damnificados puedan retirar pertenencias básicas, mientras peritos y la justicia trabajan para echar luz sobre una tragedia que vuelve a interpelar los estándares de prevención urbana.
