El reciente e intenso cruce en redes sociales entre figuras públicas —con descalificaciones que van desde «cerebro de microbio» hasta «kukacruel»— no representa un hecho aislado ni pertenece al folclore de una sola fuerza. Es apenas una muestra más de una enfermedad sistémica que atraviesa a todo el abanico político, desde la derecha hasta la izquierda, pasando por el centro y los sectores más radicalizados.
La sustitución del debate riguroso por la agresión verbal, la descalificación personal y la bravuconada es hoy un método compartido por oficialistas y opositores por igual. En un contexto donde la sociedad exige soluciones concretas a problemas acuciantes, la dirigencia de todos los colores políticos opta por convertir los espacios públicos, las redes y las instituciones en ring de boxeo para medir egos y chicanear al adversario.
Esta dinámica de violencia institucional decanta inexorablemente hacia la sociedad. Cuando la dirigencia adopta la prepotencia como estilo de gestión —visible tanto en peleas cotidianas de legisladores como en exabruptos o desplantes de mandatarios a nivel internacional—, el mensaje implícito para los ciudadanos es que el respeto y la diplomacia pasaron de moda. El agravio se legitima arriba y termina fracturando abajo, profundizando un clima social hostil e intolerante.
A la agresión verbal se le suma una afrenta aún mayor: el distanciamiento con la realidad económica del ciudadano común. Las discusiones por los aumentos de dietas y sueldos millonarios en el Poder Legislativo no son monopolio de una sola bancada, sino una práctica que, por acción u omisión, compromete a todas las fuerzas políticas. Mientras la mayoría de la población enfrenta serias dificultades para llegar a fin de mes, la clase política en su conjunto parece habitar una realidad paralela, atenta a sus propios privilegios y disputas de poder.
La sociedad no espera de sus gobernantes un show diario de insultos ni un concurso de quién descalifica con mayor ferocidad. Lo que la ciudadanía reclama a todo el arco político sin excepción es sobriedad en el uso de la palabra pública, conducta ejemplar, empatía con el esfuerzo cotidiano de la gente y, fundamentalmente, la madurez necesaria para gobernar en favor del bien común.
