En la previa del debate en el Senado de la Nación previsto para este 6 de agosto, el gobierno de Tucumán sentó una posición contundente respecto al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad promovido por el oficialismo nacional: la provincia no acompañará la iniciativa en el recinto.
El gobernador Osvaldo Jaldo ratificó la postura provincial tras mantener conversaciones directas con las senadoras nacionales Beatriz Ávila y Sandra Mendoza. Ambas legisladoras confirmaron su rechazo firme al dictamen, argumentando que se trata de un avance sobre la soberanía territorial del país.
«He conversado con las dos senadoras y he visto que ambas se oponen a la aprobación de la ley; son personas que no cambian de posición. La gente puede venir a invertir, lo que no se puede es venir a apropiarse de nuestras tierras», afirmó el mandatario.
Una defensa basada en la soberanía histórica
Durante sus declaraciones, Jaldo apeló a la historia nacional para fundamentar la negativa del bloque tucumano, señalando que la entrega de territorio nacional contradice las luchas históricas por la independencia argentina:
- Inversión sí, extranjerización no: La provincia promueve la llegada de capitales internacionales para la producción, el desarrollo regional y la generación de empleo, pero rechaza de forma tajante la venta irrestricta de hectáreas.
- Soberanía territorial: Jaldo remarcó que «de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros», enfatizando que el suelo debe permanecer en manos de los habitantes del país.
- Escenario legislativo complejo: El Gobernador advirtió que el proyecto sigue sufriendo modificaciones a último momento debido a la falta de consenso, estimando que el oficialismo nacional no cuenta con los 40 votos necesarios para su sanción definitiva.
¿Qué está en juego? El trasfondo de la Ley de Tierras
El proyecto en discusión busca modificar o derogar aspectos centrales de la Ley de Tierras (Ley 26.737), vigente en la Argentina desde 2011. Esta normativa establece límites estrictos a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras:
- Tope del 15%: Prohíbe que más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal estén en manos de capitales o extranjeros.
- Límite por nacionalidad: Un mismo origen nacional no puede superar el 30% dentro de ese cupo del 15%.
- Protección de recursos estratégicos: Prohíbe la venta de tierras que contengan o limiten con cuerpos de agua permanentes (ríos, lagos) o que se encuentren en zonas de frontera.
La reforma propuesta busca flexibilizar o eliminar estos techos para atraer inversiones financieras internacionales. Sin embargo, desde la postura asumida por Tucumán, el marco legal actual resulta indispensable para resguardar la soberanía territorial y los recursos naturales de la nación.
