La movilización que partió desde la Plaza Irigoyen y culminó en la Plaza Independencia no fue únicamente un recorrido geográfico por el centro tucumano; significó la escenificación de un reclamo institucional que se niega a quedar sepultado en los pasillos de los tribunales. En las puertas del Palacio de Justicia, Carolina Monteros volvió a alzar la voz tras conocerse la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, la cual revocó las condenas de primera instancia otorgadas en el marco de la causa contra Franco Trapani y Álvaro Rodríguez, disponiendo su absolución por aplicación del beneficio de la duda (in dubio pro reo).
«El apoyo es impresionante, es muy grande el que siento. Me siento muy contenida, muy apoyada por parte de toda la sociedad, de todas las organizaciones y de la ciudadanía en común», expresó Carolina. Sin embargo, el respaldo popular contrasta de manera directa con la encrucijada procesal a la que se ve enfrentada tras una década de litigio.
El camino procesal: del fallo ordinario a la Corte Suprema de la Nación
Desde un enfoque técnico-jurídico, el expediente ha alcanzado una instancia de alta complejidad. En el debate oral celebrado en primera instancia, el tribunal unipersonal analizó el cuadro probatorio aplicando el principio de libertad probatoria y la valoración testimonial bajo perspectiva de género, imponiendo condenas a los acusados. No obstante, la máxima instancia judicial de la provincia revisó el fallo condenatorio sosteniendo que persistía un estado de incertidumbre que impedía alcanzar el grado de certeza dogmática exigido para aplicar una sanción penal, optando así por tutelar la presunción de inocencia a través de la absolución por la duda.
Lejos de archivar el reclamo, la estrategia legal de la denunciante recurre a la vía de la alzada federal. «Presentamos ya un recurso extraordinario hacia la Corte Suprema de la Nación para revertir este fallo absolutorio de los dos condenados en primera instancia, ahora absueltos por beneficio de la duda», confirmó Carolina.
A través del Recurso Extraordinario Federal (art. 14 de la Ley 48), la querella busca que el máximo tribunal de la República evalúe si la resolución del alto tribunal provincial incurrió en una arbitrariedad de sentencia. El planteo central apunta a una posible valoración fragmentaria de la prueba y a la presunta inobservancia de compromisos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado nacional —tales como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW— que exigen juzgar con perspectiva de género e investigar con la debida diligencia.
La influencia de la asimetría económica en el proceso judicial
Un análisis riguroso de la dinámica penal exige no desligar la tramitación del expediente de sus condicionantes materiales y socioeconómicos. La igualdad ante la ley, formalmente garantizada en la Constitución, encuentra severos obstaculizadores en la práctica procesal cuando existen disparidades de poder económico entre las partes.
Sostener un proceso judicial de manera ininterrumpida a lo largo de diez años implica un costo financiero, psicológico y personal de enorme magnitud. El acceso a defensas técnicas especializadas, la articulación de constantes recursos de apelación y la capacidad de resistencia en el tiempo suelen jugar a favor de quienes poseen los medios de producción y capital suficiente para prolongar los plazos del proceso. En causas donde figuran apellidos vinculados al poder económico local, la asimetría de recursos resalta el rol fundamental que cumplen la contención colectiva, la movilización ciudadana y el activismo de derechos humanos para evitar el desamparo institucional de la víctima.
Resiliencia y la convocatoria a no claudicar
A pesar del revés que representa la sentencia absolutorica, la respuesta de Carolina se sitúa en la movilización y la exigencia de respuestas al Estado. Su mensaje trasciende el expediente individual para proyectarse hacia la situación de muchas otras mujeres que atraviesan dilaciones y reveses dentro del fuero penal.
«Tenemos planeado un plan de lucha. Vamos a seguir reclamando por justicia. Esto no lo podemos naturalizar; no podemos, como sociedad tucumana, permitir que esto suceda», aseveró.
Su determinación ante la adversidad jurídica busca sentar un precedente sobre el abordaje de la prueba penal en casos de abuso sexual. Al interponer el recurso ante la Corte Suprema de la Nación, su causa reabre el debate sobre las garantías procesales, el alcance de la perspectiva de género y la paridad de condiciones en el acceso a una tutela judicial efectiva.
