La contienda por la conducción de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) sumó esta semana un paso decisivo en el terreno judicial. Con la formalización del recurso extraordinario federal planteado por la UNT tras el fallo que inhabilitó la candidatura de Sergio Pagani, el conflicto se encamina hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El planteo no suspende la Asamblea fijada para el 3 de septiembre, pero sitúa a la Casa de Altos Estudios ante un doble desafÃo: técnico-institucional por un lado, y ético-polÃtico por el otro.
1. La defensa de la institucionalidad y las reglas de juego
Por un lado, el planteo impulsado por la representación legal de la UNT sostiene una bandera histórica del sistema universitario nacional: la autonomÃa y el autogobierno, amparados en el artÃculo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior 24.521.
Quienes defienden la postura de la Universidad señalan que el trasfondo de la presentación no responde a un nombre propio, sino a la necesidad de preservar los lÃmites institucionales:
- El fuero de decisión: Se cuestiona la injerencia de la justicia ordinaria para interpretar el Estatuto Universitario por encima de las resoluciones de la propia Junta Electoral.
- El debido proceso: La UNT argumenta que no se utilizó el canal de revisión directo establecido en la Ley de Educación Superior (artÃculo 32), recurriéndose en su lugar a una acción declarativa previa.
- El resguardo del autogobierno: Existe la preocupación de que una sentencia judicial sobre normas internas siente un antecedente de intervención externa sobre la vida democrática de la universidad.
2. El debate ético: la alternancia y la vida democrática
Por otro lado, el escenario judicial no queda aislado del clima polÃtico interno y social. La persistencia de la contienda jurÃdica abre interrogantes que interpelan a toda la comunidad universitaria sobre el sentido de la representación y la renovación en el poder:
¿Dónde se sitúa el equilibrio entre la defensa formal de la autonomÃa y el principio de alternancia?
El debate expone tensiones habituales en las instituciones públicas:
- La igualdad de condiciones: En todo proceso electoral surge la inquietud sobre si las reglas vigentes garantizan una competencia plural y transparente para todos los espacios.
- La renovación de liderazgos: La discusión pública suele ser exigente con los poderes del Estado en materia de lÃmites a los mandatos y renovación de autoridades. Ese mismo estándar de exigencia vuelve de manera natural sobre la academia, las organizaciones gremiales y las instituciones intermedias.
- El valor de la alternancia: Más allá de las habilitaciones o impedimentos técnicos, la rotación en la gestión es percibida como un mecanismo saludable para oxigenar las instituciones y renovar sus dinámicas internas.
Una encrucijada institucional
Mientras el proceso electoral avanza hacia el 3 de septiembre para definir la nueva fórmula rectoral, el expediente judicial seguirá su curso hacia el máximo tribunal del paÃs.
El escenario final deja planteadas dos vÃas que corren en paralelo: la técnica, que busca clarificar los alcances del control judicial sobre las universidades, y la ética, que invita a reflexionar sobre la ejemplaridad y la vocación democrática en las Casas de Altos Estudios. Corresponderá a la comunidad universitaria y a cada lector ponderar dónde reside el equilibrio de este conflicto.
