Un conflicto por la ocupación ilegal de tierras productivas en la ciudad de Concepción comenzó a resolverse en los tribunales. La Justicia provincial ordenó la restitución provisoria de un predio cañero que había sido usurpado a mediados de julio, e intimó a los ocupantes a abandonarlo de forma voluntaria en un plazo máximo de 24 horas.
El sector afectado se ubica en el cuadrante delimitado por las calles Vicente López y Planes, Campos de las Carreras, Acequia Los Méndez y Las Palmeras. Según la investigación encabezada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad —con la intervención del fiscal Gerardo Salas y el auxiliar Juan José Ibáñez—, decenas de personas ingresaron a los campos y destruyeron intencionalmente los cultivos de caña de azúcar para delimitar parcelas informales, lo que generó un fuerte impacto en la producción actual y en las futuras zafras.
Para sostener la acusación por los delitos de daños en concurso real con usurpación por despojo, los investigadores recopilaron registros fotográficos, imágenes de cámaras de seguridad, informes catastrales y testimonios de personal de vigilancia del predio.
En la audiencia judicial se definieron las siguientes medidas:
- Intimación y desalojo: Los ocupantes tienen 24 horas tras ser notificados para desalojar pacíficamente. Si incumplen, la policía ejecutará el desalojo compulsivo.
- Contención social y sanitaria: Ante la presencia de menores, adultos mayores o personas con discapacidad en el asentamiento, se dispuso la intervención preventiva de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAYF) y asistencias de salud.
- Reglas de conducta: Los imputados como coautores deberán fijar domicilio y presentarse periódicamente ante la Justicia durante tres meses, con la prohibición expresa de entorpecer el proceso legal. Además, se autorizó la identificación dactiloscópica por la fuerza para quienes se nieguen a dar sus datos.
Con la delimitación formal de las parcelas dañadas en marcha, la causa continúa en el Centro Judicial Concepción para fijar las responsabilidades penales definitivas por los destrozos y la toma del terreno.