La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa un escenario de profunda tensión política e institucional luego de que la Junta Electoral resolviera suspender provisoriamente el proceso para elegir conductor y vicenconductor, aplazando la Asamblea Universitaria que estaba programada para el miércoles 20 de mayo de 2026. La medida del organismo electoral se tomó tras recepcionar una medida cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Dicho fallo judicial ordenó a la casa de altos estudios abstenerse de oficializar fórmulas con candidatos que hayan cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado, una resolución que afecta directamente la postulación del actual rector, Sergio Pagani (acompañado por Mercedes Leal), cuya validez es defendida por el oficialismo y cuestionada por la normativa estatutaria según la oposición. Las resoluciones de la controversia Tras el fallo de la Cámara Federal, la Junta Electoral de la UNT —integrada por Fernando Valdez, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández— emitió dos resoluciones consecutivas: Resolución 5763: Dispuso la suspensión provisoria de todos los trámites vinculados a las candidaturas para el período 2026-2030, una medida tomada en pos de la «seguridad jurídica» y la «regularidad institucional», pero que afectó de igual modo a la fórmula opositora. Resolución 5766: Aplazó la celebración de la Honorable Asamblea Universitaria y remitió las actuaciones al Consejo Superior para una eventual adecuación del cronograma electoral, argumentando que no se podía llevar a cabo el encuentro mientras una de las listas oficializadas se encontrara suspendida. Denuncia penal y conflicto de competencias La determinación de paralizar el calendario electoral detonó la reacción de la lista opositora, encabezada por Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, quienes interpusieron una denuncia penal contra los miembros de la Junta Electoral por presunta «desobediencia a la autoridad judicial» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público». Según la presentación de los denunciantes, la Junta Electoral incurrió en un exceso de sus competencias y en un «desvío de poder» al alterar plazos precluidos y suspender el máximo órgano de cogobierno. La oposición argumenta que la medida cautelar de la Justicia Federal sólo alcanzaba a la fórmula impugnada por el límite de mandatos y no al resto del proceso, por lo que entienden que se extendieron de forma indebida los efectos del fallo, perjudicando a su propia lista, la cual se encontraba plenamente validada. Incertidumbre institucional En paralelo a la denuncia penal, la oposición recurrió a la propia Cámara Federal para acusar el incumplimiento de la cautelar y presentó un recurso de reconsideración en el ámbito administrativo. Advierten que la modificación de las fechas electorales y la falta de definiciones inmediatas colocan a la Universidad Nacional de Tucumán en un virtual escenario de acefalía institucional o ante el riesgo de una eventual intervención federal. El conflicto de la UNT se mantiene actualmente bajo una fuerte disputa en tres frentes: el judicial, supeditado a la resolución de fondo de la Cámara Federal; el político, por el control del Rectorado; y el institucional, ante la suspensión por tiempo indeterminado de la elección de sus autoridades. Navegación de entradas La Junta Electoral de la UNT suspendió el proceso para la elección de Rector y Vicerrector
