El estado de la infraestructura urbana y los límites de las competencias institucionales encendieron el debate político en San Miguel de Tucumán. La polémica se desató tras la presentación de un proyecto de ordenanza por parte de los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos, el cual busca crear un régimen administrativo para que el Municipio indemnice a los vecinos que sufran accidentes o daños materiales debido al deterioro de calles y veredas.
La postura del Ejecutivo: «Prioridades e institucionalidad»
La intendenta Rossana Chahla rechazó con dureza la iniciativa opositora tras inaugurar la repavimentación de la avenida Mitre. La jefa municipal atribuyó la propuesta a la «inexperiencia» de los ediles y argumentó que se confunden los roles de los poderes del Estado.
“Cuando uno está legislando se tiene que dedicar a legislar y cuando uno es Ejecutivo, es Ejecutivo. Algunas veces se autoperciben Ejecutivo y necesitamos que cada uno haga el trabajo que le corresponde”, afirmó Chahla.
Asimismo, la mandataria aclaró que la Municipalidad ya cuenta con un servicio de aseguradora para abordar casos puntuales de accidentes en la vía pública, los cuales deben ser analizados de forma individual. Por otro lado, defendió los criterios de eficiencia de su gestión —avalados recientemente por la Red de Innovación Local (RIL)— y explicó que, debido al contexto económico y las restricciones presupuestarias, los recursos actuales están destinados prioritariamente a las obras hídricas para mitigar las inundaciones. “Plata para todo no hay; hay que plantear soluciones sobre situaciones reales”, concluyó.
La respuesta de la oposición: «Control y herramientas para el vecino»
Por su parte, los concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) replicaron los cuestionamientos de la intendenta y defendieron la legalidad y necesidad de su propuesta. Según explicaron, el proyecto no pretende invadir funciones ejecutivas, sino establecer un marco normativo claro para ordenar los reclamos de los ciudadanos damnificados.
José María Canelada lamentó las declaraciones de la jefa distrital y pidió mayor apertura al diálogo:
“El problema no somos nosotros. El problema es que los vecinos siguen teniendo accidentes, dañando sus vehículos y padeciendo el mal estado de las calles. Nuestro proyecto apunta a discutir cómo el Estado responde”.
En sintonía, Gustavo Cobos rechazó los argumentos de la intendenta sobre la división de poderes, señalando que la propuesta se encuadra perfectamente dentro de las facultades del Concejo Deliberante. “Nosotros estamos para legislar, controlar y crear marcos regulatorios frente a problemas concretos. Los vecinos siguen rompiendo cubiertas y sufriendo perjuicios; vamos a seguir proponiendo herramientas para defenderlos”, enfatizó el edil.
El eje del debate
La discusión deja a la vista dos visiones contrapuestas sobre cómo gestionar las problemáticas edilicias de la capital tucumana:
| Postura del Ejecutivo (Chahla) | Postura de la Oposición (Canelada-Cobos) |
| El Municipio ya cuenta con seguros para casos puntuales. | El proyecto busca un procedimiento administrativo claro y regulado. |
| Los recursos son limitados y la prioridad actual son las obras hídricas. | El foco debe estar en el perjuicio diario que sufren los vecinos en la calle. |
| Exige «seriedad» a la oposición y respetar la división de tareas. | Sostiene que legislar y crear herramientas de control es parte de sus funciones. |
